La reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado, primera de esta legislatura, acabó en un completo fracaso que dignifica al líder de la oposición. En otras condiciones sería de lamentar la falta de acuerdo de los dos grandes partidos en las principales cuestiones que afectan a nuestro país, pero los planes de Sánchez tras la formación de su Gobierno bolivariano, con apoyo de separatistas y proetarras, exigen que la oposición ejercite todas las acciones de bloqueo que le permita su fuerza parlamentaria.
El líder popular ofreció su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de que Sánchez ponga fin a sus chalaneos con los separatistas. En concreto, Casado exigió "que Sánchez renuncie a la mesa de negociación", que "garantice la inhabilitación de Torra", que no "modifique el Código Penal para beneficios ad hóminem" o que "no nombre como Fiscal General del Estado a Dolores Delgado". Como era de esperar, el presidente del Gobierno ha rechazado la oferta porque sus planes con las fuerzas independentistas van mucho más allá de la mera gestión del presupuesto público. En esas circunstancias, cualquier acercamiento del líder del PP habría sido un acto de grave irresponsabilidad.
Pero la negativa de Casado a pactar con Sánchez va más allá del debate presupuestario y entra de lleno en un asunto de mucho mayor calado como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nada más peligroso habría en estos momentos que un cambio de la cúpula judicial al gusto del Gobierno. La desfachatez de los manejos judiciales de un presidente que se atreve a nombrar Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia es tan evidente que solo esa decisión sería suficiente para que el líder de la oposición le niegue su apoyo.
Pero es que Sánchez necesita una Justicia a la carta que valide por la vía de los hechos el cambio de régimen en ciernes con sus aliados golpistas. Sus negociaciones con el separatismo, tendentes a proporcionar encaje jurídico a un referéndum secesionista, solo tendría recorrido con unos órganos judiciales dispuestos a embarrar sus togas hasta la hez. Ese, y no otro, es el objetivo final del Gobierno en el cambio de cromos que Sánchez propone a Pablo Casado para renovar el CGPJ.
El Partido Popular ha sido cómplice en la politización de la Justicia que padecemos desde que Alfonso Guerra ordenó ejecutar simbólicamente a Montesquieu. Pero lo que se fragua en estos momentos por parte del Gobierno es la aniquilación del régimen del 78, un giro histórico que la oposición tiene el deber de impedir por todos los medios si quiere hacer honor a su deber constitucional.