A pesar de su acreditada inutilidad a la hora de favorecer la inserción laboral de los desempleados, el sector público español sigue destinando a cargo del contribuyente miles de millones a los llamados cursos de formación, que, además de un monumental despilfarro gestionado por políticos, patronal y sindicatos, constituyen un auténtico campo abonado para que florezca la corrupción.
Buen ejemplo de ambas cosas es el monumental fraude investigado por la Guardia Civil en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, en los que, según publicaba este miércoles ABC, se incluía el incumplimiento del requisito legal de ofrecer trabajo al 60 por ciento de los alumnos. Como forma de perpetuar el sistema, las academias o bien hacían llegar a los alumnos ofertas de trabajo inasumibles o bien les ofrecían contratos ficticios para que pudieran cobrar el paro sin trabajar.
Más bochornoso todavía resulta contemplar lo que se impartía en muchos de esos cursos; como algunos de los que en 2007 se impartieron a los trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre de Delphi, y a los que se destinaron nada menos que 64 millones de euros.
Al margen de que más de la mitad de ese importe fue a empresas y sociedades promovidas por Ángel Ojeda, consejero de Hacienda andaluz entre 1984 y 1990, dichos cursos consistían en cosas tan peregrinas como escribir en un folio con tinta de limón y agua y ver el resultado al acercar la hoja a una fuente de calor; comprobar cómo se hincha un globo colocado en el cuello de una botella de refresco al agitarse el envase; visitar bodegas o el zoo de Jerez de la Frontera, o mejorar el inglés con películas como El increíble Hulk... proyectadas en español.
No sabemos si desde el PSOE se seguirá calificando de "infamias y calumnias" este bochornoso asunto, tal y como se hizo al comenzar a destaparlo los medios de comunicación; lo cierto es que a día de hoy nadie ha hecho la menor autocrítica, como ha sucedido en el asunto de los ERE.
Lo que también resulta lamentable es que la voluntad reformista del PP siga también en esto, como en tantas otras cosas, brillando por su ausencia: lo más que se ha propuesto en relación a estos cursos de formación, a propósito de los cuales el Tribunal de Cuentas ya dio la voz de alarma en 2012, es la recurrente "mayor rigor y transparencia" y la introducción para 2015 de "nuevos actores" en este chiringuito de las políticas activas de empleo que actualmente manejan en exclusiva autoridades autonómicas, patronal y sindicatos.
La solución está en erradicar completamente esta apropiación indebida del dinero del forzado contribuyente, que, por mucho que se esconda en los ropajes de la "formación del trabajador" o la "política activa de empleo", fracasa a la hora de cumplir sus objetivos oficiales tanto como estimula la codicia de los amigos de lo ajeno.