Aunque existan algunos datos macroeconómicos que pueden avalar el optimismo del Gobierno de cara a una recuperación económica durante el año que acabamos de empezar, nada parece indicar –todo lo contrario– que España vaya en 2014 a empezar a superar su más grave y duradera depresión, que no es otra que su crisis como nación y Estado de Derecho. De hecho, todo apunta a que la desvertebración que sufre por culpa de un modelo autonómico disgregador y mal diseñado, agravada por la irresponsable condescendencia de los distintos Gobiernos centrales –muy especialmente los dos últimos– va a proseguir su lacerante camino.
Basta echar un vistazo a los discursos de fin de año con los que algunos presidentes regionales tratan ridículamente de emular a los jefes de Estado para darse cuenta de que el modelo autonómico, lejos de constituir un resorte para una pronta recuperación, va a seguir siendo un ingobernable reino de taifas y una rémora.
Así, que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, centre su discurso en la crítica a la recién reforma de la ley del aborto muestra hasta qué punto desconoce lo que de verdad preocupa a los extremeños, o lo que figuraba en el programa de su partido respecto del aborto.
Tampoco parece conocer muy bien el mundo en el que vive la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, quien ha citado la corrupción sin decir una sola palabra de los ERE o de la UGT, al tiempo que ha animado a los andaluces a "la tarea de recuperar los derechos perdidos y las libertades vulneradas" sin indicar a qué perdida de derechos y libertades se refería.
La palma se la lleva, como era de esperar, el discurso de Artur Mas, quien, sin hacer una sola mención a la crisis económica y a los casos de corrupción que asuelan Cataluña, se ha dedicado a hablar del pueblo catalán como si se tratara de una nación subyugada durante trescientos años que está próxima a recuperar su libertad.
El discurso del presidente catalán sería en muchos aspectos cómico si no resultara dramático por culpa de la pasividad de quien preside el Gobierno de la Nación. Rajoy, sencillamente, no se quiere dar por enterado de la gravedad de una crisis nacional que se agudiza y que ya tiene fecha de estallido con una ilegal y engañosa consulta secesionista en Cataluña prevista para el 9 de noviembre. Nada nos tiene que extrañar que el Gobierno vasco también haya planteado hace escasas semanas un desafío a la Nación con el anuncio de una consulta separatista para 2015.
La única positiva excepción a tan deprimente espectáculo la ha aportado, nuevamente, Ignacio González. El presidente de la Comunidad de Madrid ha empezado por reconocer la gravedad de una crisis en la que aún estamos inmersos y que no se reduce al ámbito económico. González también ha señalado las esperanzas que puede concitar una política austera y de menor presión fiscal como la suya. Paradójicamente, ha sido el discurso de este dirigente autonómico el que mayor conciencia y gravedad ha transmitido respecto de la crisis institucional, en contraste no sólo con los delirantes y esperpénticos discursos de los demás dirigentes autonómicos, sino con el irresponsable silencio que mantienen el jefe del Estado y el presidente del Gobierno.
La Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo que el presidente del Gobierno de España podría utilizar para mostrar a todos los Gobiernos autonómicos los buenos resultados que dan el compromiso con España y una política que apueste por una sociedad civil cada vez más fuerte y abierta. Que la Comunidad de Madrid sea, por el contrario, la que peor trato y mayores pullas dialécticas recibe del Gobierno del PP indica hasta qué punto, con Rajoy al frente, lo peor de la crisis nacional está aún por llegar.