Aunque el rescate de las muy politizadas cajas de ahorros centró buena parte del debate público durante la pasada legislatura, el coste que ha supuesto para el bolsillo del contribuyente ha sido muy inferior a la asistencia que ideó el Gobierno del PP para evitar la quiebra de las comunidades autónomas. En concreto, tal y como reconoce el propio Ejecutivo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, los mecanismos de liquidez diseñados para tal fin dispararon la deuda pública en más de 170.000 millones de euros desde 2012, mientras que la factura de las cajas supera los 40.000 millones en términos de deuda. Y lo peor de todo es que buena parte de ese dinero no solo no se recuperará, sino que generará graves incentivos perversos de cara al futuro.
Tras el estallido de la crisis, primero el PSOE y después el PP acudieron raudos en ayuda de sus particulares feudos regionales y de sus aliados políticos a nivel territorial, con especial atención a los nacionalistas catalanes, para evitar el imprescindible ajuste presupuestario que debían acometer para poder cuadrar sus cuentas y, de este modo, recuperar la solvencia perdida. Así, bajo el mandato de Zapatero se hizo la vista gorda, permitiendo el impago masivo a proveedores y la acumulación de elevados déficits públicos en las autonomías, mientras que la posterior llegada de Rajoy al poder supuso un inmenso reguero de millones para mantener en pie a las regiones más insolventes e irresponsables a costa, eso sí, del dinero de todos los españoles.
En medio de la grave tormenta financiera que padeció España en 2012 y 2013, el Ejecutivo del PP puso en marcha varios mecanismos excepcionales para atender el pago de la deuda y los gastos corrientes de las comunidades con mayores desequilibrios fiscales, dada la gran dificultad que registraban entonces para financiarse en los mercados a tipos de interés moderados. Y algo similar sucedió con la Administración Local. Sin embargo, lo que se anunció inicialmente como una medida temporal y condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos se ha terminado convirtiendo en una barra libre permanente, cuyo mantenimiento supondrá un coste muy elevado y perjudicial para los contribuyentes y para el correcto funcionamiento de las instituciones.
En primer lugar, el rescate autonómico no ha solucionado nada, salvo trasladar al Estado el agujero de las comunidades más manirrotas y despilfarradoras. Ante la imposibilidad de financiarse en los mercados, los gobiernos regionales se habrían visto obligados a reducir sus elefantiásicas e inútiles estructuras mediante recortes de gasto y venta de activos para seguir prestando los servicios públicos esenciales, pero el tándem Rajoy-Montoro evitó la adopción de esas impopulares, aunque necesarias, medidas, sin resolver el problema de fondo. Además, es una inmoralidad que la nefasta gestión del algunos tenga que ser sufragada por todos los españoles, diluyendo con ello la responsabilidad de cada cual.
Y puesto que el Gobierno ha optado por no aplicar los mecanismos sancionadores que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para alcanzar los objetivos de déficit, a diferencia de lo que ha sucedido con los ayuntamientos, la citada asistencia se ha convertido en un indiscriminado colchón financiero que premia a las regiones más incumplidoras e ineficientes a costa de las más austeras y responsables, con los consiguientes incentivos perversos que ello genera. Y ello sin contar que Cataluña ha sido, de lejos, la región más beneficiada por dicho rescate, a pesar de las numerosas amenazas e ilegalidades que han cometido los nacionalistas en el transcurso de su alocada deriva separatista.
Por último, la actual debilidad del Ejecutivo y la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica ofrece una oportunidad de oro a las autonomías más endeudadas para deshacerse de su pesada carga mediante el impago de los cuantiosos préstamos que adeudan al Gobierno central, cuya factura recaerá sobre los hombros de todos. El rescate autonómico que implementó el PP, por tanto, no solo fue una pésima y muy onerosa idea, sino que ahonda todavía más en los importantes fallos estructurales que sufre la financiación y el reparto de competencias a nivel territorial.