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El Gobierno bendice la ominosa inmersión lingüística

Ya está bien de que a los españoles que quieren estudiar en español en España se les niegue un derecho que debería ser literalmente innegable.

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Pocos hechos ilustran de forma más elocuente la bochornosa y silenciada independencia de facto de que disfruta la Cataluña nacionalista que la proscripción del derecho a estudiar en español vigente desde hace décadas en esa comunidad autónoma. A pesar de la pertenencia del Principado al Reino de España; a pesar de que el derecho constitucional a estudiar en español asiste también a todos los catalanes y a pesar de ser el castellano la lengua materna de más de la mitad de los catalanes, lo cierto es que el tratamiento otorgado a la lengua común de todos los catalanes en las escuelas catalanas es muy similar al que tendría si a esa parte de España se le concediera el estatus de Estado soberano.

Como si de una lengua extranjera se tratara, en Cataluña se puede estudiar español pero no en español, lo que constituye una violación de un derecho elemental sin parangón en ningún país democrático del mundo. Los distintos Gobiernos de España han venido siendo vergonzosamente aquiescentes ante este desafuero liberticida, unas veces por complejo ante los nacionalistas y otras para ganarse su apoyo en el Parlamento. Así, los Gobiernos de Suárez y González miraron para otra parte ante lo que se avecinaba, como también lo hizo el de Aznar, que no sólo no recurrió la discriminatoria Ley de Política Lingüística de 1998 ante el Tribunal Constitucional sino que maniobró para que el Defensor del Pueblo tampoco lo hiciera. Con todo, más reiterada y, por tanto, más grave fue la dejación de funciones de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, cuando ya se amontonaban las sentencias de los Altos Tribunales contrarias a la erradicación del castellano en la enseñanza.

Con todo, hasta la llegada al poder de Pedro Sánchez, de la mano de unos nacionalistas devenidos golpistas, ningún gobernante o ministro de Educación español había llegado al extremo de elogiar la ominosa inmersión lingüística, contraria al ordenamiento constitucional. Pues bien, la ministra Isabel Celáa ha tenido la desfachatez de elogiar la "cohesión" que, a su desvergonzado juicio, procura el modelo de inmersión lingüística, y para colmo lo ha hecho remitiéndose a las manipuladoras estadísticas de los nacionalistas, según las cuales los niños catalanes tienen un dominio del castellano similar al que muestran los demás niños españoles.

Distintos informes recopilados por Convivencia Cívica Catalana han desmontado con datos ese fenómeno paranormal gracias al cual en Cataluña bastarían dos horas semanales de castellano para que los niños alcanzaran un nivel de dominio de la lengua común que sólo se alcanza en el resto de España con 25 horas. Que semejante patraña la inventen y propaguen los liberticidas partidarios de la independencia de Cataluña no es de extrañar. Lo bochornoso y lo indecente es que la defienda una ministra de Educación española en pro de un modelo lingüístico inconstitucional que, aun cuando milagrosamente procurara buen dominio de una lengua que proscribe, seguiría constituyendo un muy grave atentando contra un derecho fundamental.

Lo más lamentable de todo es que, a excepción de la socialdemócrata UPyD y el liberal-conservador Vox, ambos extraparlamentarios, no hay en la arena política quien defienda el derecho a estudiar íntegramente en español en toda España.

Esto no puede seguir así. Sencillamente, no es tolerable. Ya está bien de que a los españoles que quieren estudiar en español en España se les niegue un derecho que debería ser literalmente innegable.

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