Aunque la fracasada y mal llamada Ley contra la Violencia de Género siga siendo el mayor atentado legislativo contra la presunción de inocencia y la no discriminación por razones de sexo, el Ejecutivo social-comunista de Pedro Sánchez está inmerso en dos proyectos que no se quedan a la zaga en lo que a vulneración del Estado de Derecho se refiere: la no menos arteramente denominada Ley de Memoria Democrática y una reforma del Código Civil para que una mera denuncia por maltrato implique la suspensión del régimen de visitas a los hijos por parte del progenitor denunciado.
Respecto a lo primero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este mismo lunes un duro informe, respaldado por 15 vocales –entre ellos varios de los denominados "progresistas"– y rechazado por seis, contra la totalitaria pretensión de imponer de forma sectaria y maniquea una visión monolítica de la historia de España y de sancionar severamente a quienes osen cuestionarla. Como no debía ser de otra forma, el órgano de gobierno de los jueces ha dictaminado que se trata de una vulneración de la libertad ideológica y de la libertad de reunión, consagradas ambas en la Constitución.
Dado que el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante, lo más probable es que el Ejecutivo le haga el mismo caso omiso que hizo al dictamen contra la estupefaciente Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual –la del "solo sí es sí"– o al informe del Tribunal Supremo contra la concesión de indultos a los golpistas del 1-O.
En cuanto a lo de dejar sin régimen de visitas a un progenitor que haya sido denunciado por maltrato, si bien el proyecto no discrimina por razón de sexo –de eso ya se encarga la Ley contra la Violencia de Género–, no por ello deja de ser una clamorosa vulneración de un principio esencial en cualquier Estado de Derecho como la presunción de inocencia. Según la aberrante reforma social-comunista, bastará que uno de los progenitores esté "incurso en un proceso penal" para que el juez tenga que aplicar la suspensión de las visitas de forma prácticamente automática.
Por mucho que el PSOE trate de dar apariencia de constitucionalidad a su engendro asegurando que "la decisión la tomará un juez", una expresión tan sumamente genérica, que incluye cualquier tipo de denuncia, prácticamente obligaría al juez a suspender las visitas aun cuando las denuncias no estuvieran respaldadas por el menor indicio de prueba y aun cuando hubiesen sido archivadas. Téngase en cuenta que el archivo judicial de una denuncia es en sí mismo una decisión recurrible y tarda bastante en ser definitivo, por lo que durante ese tiempo el progenitor arteramente denunciado seguirá estando "incurso en un proceso penal".
El ordenamiento jurídico, sin necesidad de reforma alguna, ya contempla la posibilidad de adoptar medidas cautelares, pero, eso sí, cuando existen múltiples y fundados indicios de culpabilidad y riesgo de fuga o reiteración en el delito. Para esos casos flagrantes, en los que se puede decretar la prisión provisional, va de suyo que también se puede suspender el régimen de visitas.
Sin embargo, lo que pretende el Gobierno es aplicar un peligrosísimo automatismo que puede fomentar los chantajes y las denuncias falsas entre progenitores separados, una auténtica chapuza que el incompetente Ejecutivo que preside el Dr. Sánchez trata de perpetrar por ignorancia del Derecho, por fanatismo ideológico o –lo que es más probable– por ambas cosas a la vez.