El Gobierno del PP ha presentado este viernes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que incide en la errónea y perjudicial senda fiscal de los últimos años. La economía española se está recuperando, sí, pero gracias al denodado esfuerzo del sector privado (familias y empresas) para liquidar o amortizar las malas inversiones acometidas en el pasado y cambiar, poco a poco, el modelo productivo, a pesar de las enormes trabas y elevados costes que impone la Administración Pública. El problema, sin embargo, es que tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera España todavía mantiene en pie la burbuja estatal, y las cuentas de 2017 intensifican aún más, si cabe, dicho objetivo.
A la espera de conocer los detalles del Presupuesto que presentará Montoro en el Congreso la semana que viene, los PGE de 2017 elevan el gasto y refuerzan el volumen de empleo público, al tiempo que confían el cumplimiento del objetivo de déficit, fijado en el 3,1% del PIB, a la buena marcha de la economía y el consiguiente incremento de la recaudación fiscal. Esta particular estrategia, que poco o nada se diferencia de la que sigue el PP desde 2013, cae en varios e importantes errores que, por desgracia, debilitan la posición del país en caso de que vuelva a surgir una nueva crisis internacional en el horizonte.
El problema de las cuentas públicas no es de falta de ingresos, sino de exceso de gasto. No en vano, el Estado registró el pasado año la segunda mayor recaudación fiscal de la historia, tan solo superada por la de 2007, en el pico de la burbuja crediticia. El gasto, por el contrario, es hoy 50.000 millones de euros superior al existente en 2007. Esto, y no otra cosa, es lo que explica el abultado déficit público que sufre el país. La austeridad, salvo los excepcionales ajustes aprobados en 2012, brilla por su ausencia. Y en cuanto al empleo público sucede algo parecido, ya que, si bien se redujo el número de efectivos durante la pasada legislatura, el tamaño de las plantillas públicas se mantiene en niveles propios de la burbuja inmobiliaria, puesto que Zapatero creó más de 300.000 nuevas plazas desde 2008 a 2011. Es decir, el número de empleados públicos no ha bajado durante la crisis.
Y dado que el sector privado sí ha sufrido los embates del pinchazo burbujístico, primero el PSOE y ahora también, y muy especialmente, el PP han centrado casi toda su política presupuestaria en exprimir a fondo el bolsillo de los contribuyentes mediante constantes e históricas subidas de impuestos. La burbuja del sector público se ha mantenido a costa de los sablazos que han sufrido familias y empresas en los últimos años por parte de la clase política.
Por si todo ello no fuera suficiente, confiar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a la siempre incierta e imprevisible evolución de la coyuntura económica no solo constituye una irresponsabilidad, sino una grave temeridad. El PP, al igual que ha hecho desde 2012, ni cumplirá ni piensa cumplir el objetivo inicial de déficit acordado con Bruselas. Centrará sus esfuerzos en presionar a la Comisión Europea para elevar el citado umbral conforme avance el ejercicio y, de este modo, poder decir dentro de un año que ha cumplido -o casi-. Si en 2016, con un crecimiento superior al 3%, el Gobierno apenas ha logrado reducir el agujero fiscal en 0,5 puntos, difícil será, por no decir imposible, que el déficit baje del 4,5% al 3,1% en 2017, por mucho que Montoro se afane en afirmar lo contrario.
Aprobar de nuevo unos Presupuestos expansivos, pese a registrar el mayor déficit público de la zona euro y la mayor deuda pública desde hace un siglo, es una política profundamente equivocada y perjudicial para el conjunto de la economía. España necesita menos gasto público, menos empleo público y más reformas estructurales para mejorar el funcionamiento y la productividad de la Administración, al tiempo que se eliminan trabas burocráticas, se liberaliza de verdad la economía y se rebajan de forma sustancial los impuestos para acelerar la recuperación y acabar cuanto antes con el drama del paro. Nada de esto se incluye en los PGE. El PP, con el apoyo de otras formaciones, ha presentado unas cuentas para seguir manteniendo e incluso cebar un poco más la burbuja pública para, de este modo, poder comprar voluntades y fomentar el clientelismo electoralista.