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EDITORIAL

El PP le da la razón a Sinde

En internet también hay emprendedores, tal vez los más dinámicos de nuestra economía. Ni ellos necesitan nuevas regulaciones que acaben por asfixiar al sector ni los ciudadanos merecen que se vulneren sus derechos de la forma en que el nuevo gobierno pret

 

Las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy en materia de propiedad intelectual e internet sólo pueden ser calificadas de grave despropósito. La sustitución del llamado canon digital –ese impuesto privado que Zapatero entregó graciosamente al lobby corrupto de artistas arracimado en torno a la SGAE– por la entrega directa de dinero público a esa misma organización, no sólo no acaba con la deslegitimidad de una exacción parafiscal a la que los usuarios de dispositivos de almacenamiento se encontraban sujetos, sino que amplía sus perversas consecuencias a todos los ciudadanos, que con sus impuestos tendrán que hacer frente a este diezmo anacrónico utilicen o no esa tecnología.

Pero no se detienen aquí los efectos indeseables de las primeras decisiones del consejo de ministros en este terreno, pues junto a las subvenciones a los grupos de presión de artistas organizados el nuevo ejecutivo ha anunciado también la entrada en vigor de la llamada Ley Sinde, una norma liberticida colada de rondón en una disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible aprobada por Zapatero, y cuya principal consecuencia práctica será desincentivar poderosamente la creación de empresas y puestos de trabajo en un campo tan sugestivo y con capacidad de crecimiento como el de las nuevas tecnologías a través de internet.

La intención del Gobierno, según su vicepresidenta, es impedir que haya quien se lucre con la propiedad intelectual ajena, objetivo encomiable ante el que nada hay que objetar en principio. Ahora bien, la supuesta solución para evitar la acción de los desaprensivos no sólo resultará inútil –pues quien desee emplear internet para descargar contenido protegido lo hará por otras vías–, sino peligrosa. Gobiernos respetuosos con la libertad de sus ciudadanos no deberían nunca poner en marcha mecanismos censores como esa Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que permitirá a los políticos cerrar sitios web sin que un juez haya dictaminado que éstos violan la ley.

Mal empieza el gobierno de Mariano Rajoy si todo lo que se le ocurre en un campo con tanto potencial de crecimiento como el de internet es hacer un penoso continuismo de las medidas coactivas ideadas por los gobiernos de su antecesor. En internet también hay emprendedores, tal vez los más dinámicos de nuestra economía. Ni ellos necesitan nuevas regulaciones que acaben por asfixiar al sector ni los ciudadanos merecen que se vulneren sus derechos de la forma en que el nuevo Gobierno pretende hacerlo. Para eso ya teníamos a González-Sinde y ZP.

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