Bien está que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se haya comprometido a llevar ante la Justicia a los autores de los "comentarios bochornosos" contra Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular en esa provincia, que aparecieron en las principales redes sociales pocas horas después de ser asesinada. Sin embargo, no deja de ser lamentable que ni él ni ningún alto mando policial hayan comparecido todavía para informar sobre tan sorprendente crimen.
Este silencio policial ha favorecido el hecho de que, junto a las injurias, calumnias e incitaciones al odio contra una persona que acababa de ser vilmente asesinada, aparecieran en internet todo tipo de bulos e hipótesis respecto de la autoría y el móvil del crimen, que fueron transmitidos como datos fehacientes por no pocas agencias de información y medios de comunicación supuestamente serios.
En principio, lo único que se sabe a ciencia cierta es que hay dos mujeres detenidas como sospechosas del crimen: María Montserrat González Fernández, de 55 años, y su hija, Montserrat Triana Martínez González. Y que esta última había sido despedida hace años de la Diputación de León, organismo con el que mantenía un litigo que hace escasos días había perdido en los tribunales. Sin embargo, persisten muchas incógnitas entorno a que estas dos mujeres -madre e hija, respectivamente, del inspector jefe de la comisaría de Astorga- pudieran planear y ejecutar con tanta precisión y por sí solas un crimen propio de sicarios o de criminales profesionales. El arma del delito ha desaparecido, y si no fuera por el testimonio de un viejo policía jubilado, que presenció el asesinato y siguió a sus presuntos autores directos, a estas horas no habría ningún detenido.
Al margen de las persistentes dudas respecto de la autoría y del supuesto móvil, que apuntaría a un venganza por un despido de una persona cuya situación económica no era tan extremadamente desesperada, nada justifica que no pocos medios de comunicación se dedicaran a denigrar a la política del PP que acababa de ser tiroteada con la excusa de que estaban aportado información. No pocos medios se dedicaron a destacar el supuesto "carácter autoritario" de la víctima o los "casos de corrupción" en los que se había visto implicada, sin ninguna sentencia firme en contra, o de ser responsable de que otra persona hubiera engrosado las filas del paro.
Peores han sido, con todo, los infamantes comentarios que dos ediles gallegas del PSOE han vertido contra la política asesinada y otros miembros del PP. Así, Susana Camiño escribió en Facebook: "Quien siembra viento recoge tempestades", mientras que su colega Beatriz Martínez Sancho se permitía incluso advertir al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar. Tiembla Louzán que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando. Parece esto Sinaloa... jaja".
Bien está que estas dos ediles, a instancia de la dirección de su partido, hayan presentado su dimisión; pero, si se ha de creer al ministro del Interior cuando asegura que "los delitos de apología y de incitación al odio no pueden quedar impunes", no basta: deben sentarse en el banquillo.