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La justicia revolucionaria de Carmena

Se trata de un desafío en toda regla no sólo a la Constitución, también a la propia esencia del sistema democrático.

EDITORIAL
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Según la documentación a la que ha tenido acceso El País, el Ayuntamiento de Madrid pretende levantar una estructura policial y judicial paralela a las oficiales, a imagen y semejanza de lo que sucede en tiranías como la venezolana (Círculos Bolivarianos) o en la dictadura castrista (Comités de Defensa de la Revolución, los infames CDR) .

Así, el Consistorio nombrará a gestores de barrio, una suerte de capo local que "impulsa y fortalece la gobernanza sobre el terreno", y jurados vecinales, que decidirán según su particular criterio las sanciones por los delitos cometidos en sus demarcaciones.

El claro objetivo de los neocomunistas de la potentada Carmena es nada menos que sustituir a los jueces y las Fuerzas de Seguridad por unos entes bastardos que, manipulados convenientemente, se emplearán a fondo en controlar la vida cotidiana de la ciudadanía.

Las ocurrencias de Carmena y su banda de niñatos liberticidas han causado ya importantes perjuicios a la capital, que hasta su toma del poder era un referente para los inversores por su dinamismo y vitalidad; ahora es una ciudad hostil al desarrollo económico que persigue con saña a quienes pretenden generar riqueza y empleo.

Este último plan neocomunista es especialmente grave. Ya no se trata de ahuyentar a los creadores de prosperidad, sino de generar una suerte de Estado Comunal paralelo y antagónico al de Derecho, en la peor tradición castrochavista.

Se trata de un desafío en toda regla no sólo a la Constitución, también a la propia esencia del sistema democrático. Hace bien la oposición municipal en denunciar con firmeza esta ofensiva liberticida, aunque, escandalosamente, el PSOE no parezca aún tener argumentos suficientes para retirar su apoyo a estos enemigos jurados de las libertades.

Carmena y sus secuaces se aprovechan del patético estado de socialismo madrileño, pero también de la parsimonia del Gobierno, que no parece encontrar, tampoco ahora, motivo alguno para parar los pies a unos políticos de extrema izquierda dispuestos a convertir la primera ciudad de España en un erial bolivariano.

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