Es lógico que los podemitas hayan puesto el grito en el cielo tras darse a conocer el acuerdo de legislatura alcanzado entre PSOE y Ciudadanos que, en términos generales, bien podría suscribir el PP si no fuera –claro está- porque está destinado a investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y no a Mariano Rajoy.
El hecho de que Sánchez y Rivera se hayan comprometido a no superar el nivel de presión fiscal dejado por Rajoy, a ubicar la futura reforma laboral en un punto intermedio entre lo que fue la reforma en este terreno aprobada por el PP y la que proponían los socialistas en su programa, a no tolerar ningún referéndum de autodeterminación o a emprender una reforma del CGPJ para despolitizar la justicia, constituye, obviamente, un jarro de agua fría para una extrema izquierda que aspiraba a formar, junto a los socialistas y los separatistas, un gobierno de frente popular.
Lo que no tiene lógica alguna –salvo bajo el prisma de la falsa premisa según la cual ser el partido más votado da derecho per se a presidir el gobierno- es que el PP no vote a favor o ni siquiera se abstenga a la investidura de este candidato socialista que, al menos "de momento", renuncia a serlo mediante alianzas con comunistas y separatistas.
Buena prueba de que se trata sólo de una cuestión de personas y de siglas, son las pocas objeciones que desde el PP han podido plantear a este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.
Es cierto que, desde la misma perspectiva liberal con la que este diario ha criticado al Gobierno de Rajoy por haber incumplido todos los años sus compromisos de reducción del déficit, también se puede y se debe criticar el acuerdo de Ciudadanos y el PSOE de pedir a Bruselas "flexibilidad" a la hora de atajar los desequilibrios presupuestarios. Pero ¿qué objeción en este sentido puede hacerle un Partido Popular cuyo Gobierno ha seguido incumpliendo los objetivos de reducción de déficit aun después de renegociarlos para que fueses más "flexibles"? ¿A qué santo viene ahora rasgarse las vestiduras cuando hace pocos días el mismo presidente del PP mostraba una disposición favorable a esa falta de disciplina presupuestaria, siempre que fuera dentro de un acuerdo con Ciudadanos y PSOE, pero que diera a Rajoy la presidencia?
Otro tanto se podría decir del compromiso de PSOE/Ciudadanos de acabar con el supuesto blindaje que la Constitución brinda a la estabilidad presupuestaria en su artículo 135. Sin embargo, ¿qué más da derogar un articulo de la Constitución que no se cumple hasta el extremo de que, bajo su supuesta vigencia, el Reino de España se ha endeudado a mayor ritmo de lo que lo ha hecho en los últimos cien años?
Por otra parte, el PP podría abstenerse en esta investidura con la absoluta tranquilidad de saber que ni un solo artículo de la Carta Magna se puede modíficar sin su expreso consentimiento.
La realidad es que Rajoy estaría encantado con presidir un gobierno como el que han pactado PSOE y Ciudadanos. La realidad es que no renuncia a ello, para lo que, paradójicamente, tiene que votar ahora en contra con la vana esperanza de presidirlo después de unas nuevas elecciones de las que bien podría surgir un frente popular.
Al fin y al cabo, la ruptura de negociaciones con el PSOE anunciada este miércoles por Podemos sólo es "de momento".