José María Espejo-Saavedra, diputado de Ciudadanos y vicepresidente segundo del Parlamento catalán, ha registrado este lunes ante el Tribunal Constitucional el informe que le solicitaron los magistrados del mismo tras la suspensión de la resolución separatista aprobada por la cámara autonómica el pasado mes de julio. En dicho informe, Espejo-Saavedra detalla los pasos que condujeron a la aprobación de ese nuevo texto de ruptura con el resto de España, que venía a "contravenir frontalmente" las ordenes y advertencias del propio TC.
Tras denunciar que esa resolución fue sometida a votación mediante un "fraude de ley en toda regla", Espejo-Saavedra acusa a la mayoría separatista conformada por Junts pel Sí y la CUP de una "evidente e incluso explícita voluntad de ignorar o eludir" las sentencias del TC en las que se les prohibe llevar a cabo iniciativas de carácter separatista y se insta a impedirlas o paralizarlas.
Ciertamente, para saber de la "evidente y explicita" voluntad de los golpistas catalanes de ignorar las sentencias del TC contrarias al procés separatista, los magistrados no necesitarían de informe alguno. Les hubiera bastado con fijarse en todas y cada una de sus declaraciones inmediatamente posteriores a cada uno de los pronunciamientos del Alto Tribunal contrarios al procés, en las que han dejado constancia pública de su desacato. Así sucedió también tras la sentencia de suspensión de la resolución que ahora nos ocupa, y que también fue objeto de desprecio por parte del presidente de la Generalidad. Es más: este mismo lunes, la portavoz de la Generalidad, y consellera de Presidencia, Neus Munté ha lanzado un mensaje "muy en especial" a la Fiscalía General del Estado, a la que ha advertido de que el Gobierno regional catalán "seguirá adelante, defendiendo la democracia", ya que "las urnas no se imputan ahora ni nunca".
Desde que Artur Mas proclamara, allá por noviembre de 2012: "No nos pararán tribunales ni Constituciones", no ha habido un solo pronunciamiento del TC contrario al proceso separatista que no haya sido clamorosamente desobedecido, de palabra y obra, por los promotores de este golpe de Estado permanente. Recordemos que el punto sexto de la no menos ilegal resolución del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre de 2015 aprobó textualmente: "El Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".
Los magistrados del TC podrán no querer darse por enterados y pedir cuantos informes quieran, podrán hacer cuantas advertencias estimen convenientes y emitir cuantas sentencias consideren justas; pero lo cierto es que, mientras el Poder Ejecutivo no haga cumplir la ley y la Fiscalía mire para otra parte, los separatistas podrán seguir "sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", con la misma impunidad y "explicita voluntad" con que lo vienen haciendo hasta la fecha.