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Los "escraches" de la justicia al 11-M

Este "escrache" a las víctimas del 11-M ha obligado a Gabriel Moris a recurrir a la única vía que le queda: apelar a los españoles de bien.

EDITORIAL
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Gabriel Moris, una de las voces más destacadas de las víctimas del 11-M que exigen una investigación real y a fondo de los atentados, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en internet para pedir la instrucción de un nuevo proceso que dé respuesta a los interrogantes que aún pesan sobre la autoría de la masacre. Padre de una de las víctimas mortales de los atentados, este gesto de Moris revela la impotencia de los familiares de los asesinados y de los casi dos mil heridos, que nueve años después siguen sin saber quién y por qué destruyó la vida de sus seres queridos y la de sus familias.

Tras una instrucción desastrosa en la que se avalaron todo tipo de irregularidades y una sentencia que no contestó los principales interrogantes, ni siquiera el tipo de explosivo utilizado, todos los intentos de las víctimas por aclarar la masacre han tropezado con un auténtico muro judicial que ha cegado cualquier vía de investigación. Incluso las muy fundadas denuncias contra los principales mandos policiales, con pruebas abrumadoras de haber falsificado pruebas vitales para el proceso, fueron rechazadas con argumentos peregrinos como el de la previa inadmisión de una querella fantasma que ni siquiera incidía en los aspectos verdaderamente sustanciales del caso. Este auténtico "escrache" de la justicia española a las víctimas del 11-M ha obligado a personas valerosas como Gabriel Moris a recurrir a la única vía que todavía les está permitida: la apelación a los españoles de bien para apoyar una petición popular que ponga de manifiesto la terrible injusticia cometida con las víctimas de aquél atentado.

El penoso estado de la justicia española desde el 11-M se ha puesto de manifiesto nuevamente esta misma semana con la actitud incalificable del presidente de Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, avalando las acciones de acoso a las viviendas familiares de políticos del partido popular que están llevando a cabo las organizaciones radicales de la izquierda. Lo que a ojos de la policía y de cualquier juez imparcial constituye un claro delito de acoso y amenazas, para el máximo responsable del poder judicial español no es más que el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, unas declaraciones que habrían llevado a la dimisión inmediata de cualquier magistrado con un mínimo respeto hacia sí mismo y a lo que su profesión representa para el conjunto de la sociedad. Peor aún es que no se haya levantado ni una sola voz en los cuadros de la magistratura exigiendo el cese de un personaje incapacitado para su cargo, por más que al día siguiente de esas vergonzosas declaraciones intentara matizarlas atolondradamente empeorando el resultado del conjunto.

Pero la infamante actuación de los principales representantes de la justicia respecto a las acciones violentas de la izquierda no es más que la consecuencia natural de un sistema judicial que entró en bancarrota moral tras el proceso de los atentados del 11-M. Quien ha sido capaz de traicionar en lo importante es difícil que tenga escrúpulos en hacer lo mismo en cuestiones menores. Pero eso sí, siempre que el resultado beneficie a la izquierda, que es lo que viene ocurriendo en España desde el 14 de marzo de 2004, sin que el gobierno del Partido Popular ni su ministro de Justicia parezcan estar dispuestos a poner algún remedio.

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