El accidente ocurrido el pasado jueves en Badajoz ha conmovido a todos los españoles por la corta edad de las víctimas que perdieron la vida en el suceso. Un vehículo agrícola, conducido por un operario que acababa de consumir estupefacientes, fue según todos los indicios el responsable del accidente en el que perdieron la vida cinco de los niños que ocupaban el minibús en el que regresaban a casa después de jugar un partido de fútbol. Sin perjuicio de que la Guardia Civil y la autoridad judicial determinen las causas exactas del accidente y las responsabilidades a que haya lugar, el terrible suceso debe servir para que las autoridades reflexionen sobre la actual estrategia en materia de seguridad vial, más centrada en sus efectos recaudatorios que en otras medidas ejemplares destinadas a impedir hechos tan graves como el ocurrido esta semana en Monterrubio de la Serena.
La actual normativa de seguridad vial tiene como principal consecuencia, en demasiadas ocasiones, provocar molestias de todo tipo a conductores que utilizan sus vehículos con la debida prudencia. En muchos casos las faltas más graves quedan impunes por la dificultad de localizar a los culpables, mientras que se castiga de forma desproporcionada a conductores juiciosos por infracciones muchísimo más leves que no suponen un riesgo para la circulación. La manera indiscriminada en que los nuevos equipos automáticos sancionan cualquier leve extralimitación de velocidad en tramos viales perfectamente seguros pone en cuestión las prioridades del Gobierno en materia vial, que deberían ir encaminadas a garantizar la seguridad de todos en lugar de servir como un instrumento recaudatorio más.
El ministerio del Interior insiste en la virtud pedagógica de las sanciones ejemplarizantes para evitar comportamientos temerarios al volante, un efecto que, desde luego, no se consigue persiguiendo a conductores sensatos por cuestiones triviales. En cambio, es en asuntos como el accidente ocurrido el pasado jueves en Badajoz donde las autoridades tienen la ocasión de actuar con la debida severidad, a fin de evitar imprudencias similares en nuestras carreteras. Alguien que se sube a una maquinaria pesada y sale a la carretera con sus facultades físicas y psíquicas gravemente alteradas por el consumo de drogas y que, además, provoca cinco muertes, ha de ser castigado de manera ejemplar como advertencia para otros candidatos a actuar de forma tan irreflexiva. Las medidas provisionales hasta la vista judicial han de ser contundentes y la sentencia, la más dura que permita la legislación. Es el mejor homenaje que se puede brindar a la memoria de los cinco niños de Monterrubio, trágicamente fallecidos esta semana por culpa de un insensato y su conducta criminal.