España no necesita un gran pacto de Estado entre PP y PSOE para salir de la crisis, sino decisión por parte del Gobierno para aprobar las profundas reformas estructurales precisas para corregir de forma definitiva sus desequilibrios económicos y fiscales.
Todo apunta a que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, acabará alcanzando algún tipo de acuerdo con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, al menos en algunos asuntos concretos, tales como la política monetaria o la reforma de las pensiones públicas. El acercamiento político entre PP y PSOE en materia económica no tiene por qué ser positivo per se, ni mucho menos, más bien al contrario, a la vista de las recetas que propone Rubalcaba. Ambos partidos coinciden en la necesidad de que Europa arrime más el hombro, con el dinero de los contribuyentes del norte, para aplicar políticas de estímulo (gasto público) en los Estados del sur; de que Bruselas relaje los objetivos de déficit, tal y como ha aceptado esta semana, y de que el BCE compre directamente deuda periférica al estilo de la Reserva Federal de EEUU, el Banco de Inglaterra o el Banco Central de Japón. El problema es que este tipo de propuestas, lejos de solventar la crisis, podrían retrasar la recuperación, ya que en todo caso conspiran contra la necesidad de que los Gobiernos sigan aplicando impopulares pero necesarios ajustes.
La solución a la crisis no consiste, pues, en pomposos pactos de Estado de nulos o contraproducentes efectos, sino en aplicar con contundencia las medidas económicas que realmente se precisan, con independencia del coste electoral que ello suponga al partido en el poder. Y esto es, precisamente, lo que se ha encargado de recordar, una vez más, el Banco de España a Mariano Rajoy. Su informe anual de 2012 es muy claro al respecto. El Gobierno ha logrado avances reseñables durante su primer año de mandato, sobre todo en materia laboral y financiera, pero todavía son insuficientes. La entidad monetaria insiste, al igual que hace la Comisión Europea, en la necesidad de profundizar en la reforma laboral, planteando incluso la posibilidad de eliminar la arbitraria restricción del salario mínimo para determinados casos. Además, advierte de que aún queda un importante ajuste fiscal por delante, que precisará de nuevos recortes y una eficaz reestructuración del sector público. Asimismo, sigue pendiente la reforma de las pensiones, así como acometer la plena liberalización de sectores productivos para seguir mejorando la productividad de la economía española.
Éstas son las verdaderas claves para lograr salir cuanto antes del atolladero y no acuerdos políticos entre los grandes partidos, que en última instancia lo único que persiguen es retrasar los ajustes y las reformas que necesita el país.