Esta martes tendrá lugar en el Congreso de los Diputados un nuevo acto del proceso de secesión organizado por Generalidad de Cataluña. Con el debate parlamentario, esta tarde se verá a una institución del Estado planteando formalmente en la sede de la soberanía nacional la vulneración de ese principio esencial con el fin de avanzar en su proyecto secesionista, un hecho inaudito en cualquier otro país del mundo civilizado. Pero si grave es que una institución actúe abiertamente y en plena rebeldía contra la Constitución de la que recibe su legitimidad, más lo es la inacción de los poderes públicos encargados de impedirlo, con el Gobierno de la Nación y el Tribunal Constitucional como principales responsables del esperpento al que se va a asistir hoy.
A medianoche el presidente del Gobierno todavía no había decidido si iba a comparecer o no en la tribuna. El hecho más grave contra la democracia desde el 23-F no parece revestir suficiente importancia para él. Su actitud sigue siendo la de contemporizar con esta ofensiva ilegal del Ejecutivo regional de Cataluña, y ni siquiera el agotamiento de las sucesivas etapas que tienen como fin la secesión le suscita el necesario celo.
Rajoy asegura no imaginar "otra cosa que el diálogo" para reconducir una situación que ya ha desbordado todos los límites imaginables. Debería reparar en que cuatro décadas de diálogo sin condiciones con los separatistas es precisamente lo que ha conducido a la situación actual, con una autonomía abocada a un proceso de secesión difícilmente reversible y otra más, el País Vasco, llamando a la puerta para seguir el mismo camino en cuanto los equilibrios de poder político en el ámbito regional sean propicios. Esgrimir como solución la misma receta que durante cuarenta años no ha cosechado más que fracasos revela no sólo una gran torpeza, sino una manifiesta incapacidad política, impropia de un Gobierno dispuesto a hacer honor a sus obligaciones de guardar y hacer guardar la Constitución.
Ni siquiera como estrategia para una futura negociación tiene utilidad esta rendición preventiva de Rajoy ante Mas. Si es cierto que el Gobierno está dispuesto a negociar para desactivar la operación separatista a cambio de más gabelas financieras para los nacionalistas, por pura lógica convendría que partiera de una posición de fuerza, fijando ciertos límites y las consecuencias de que la Generalidad los sobrepase, en lugar de ofrecerse a un coloquio sin condiciones, como si el diálogo fuera un fin en sí mismo, que es lo que parecen creer todos los dirigentes del PP.
Sabedores de que el Gobierno de España no va a poner fin de forma tajante a sus continuos desafueros, los nacionalistas catalanes han decidido lanzar un órdago. La pusilanimidad del PP y la complicidad vergonzosa de los socialistas están sirviendo en bandeja a los enemigos de la Nación un triunfo en toda regla. Bien sea la secesión efectiva o un régimen financiero lesivo para el resto de España, todo apunta a un sonado triunfo de los mayores enemigos que tiene a día de hoy nuestro régimen de libertades.