Con el foco de la pederastia centrado en la Iglesia, tienden a pasar desapercibidos los abusos a menores en otros ámbitos, como el de las Administraciones Públicas. Conviene, por tanto, poner de manifiesto que el drama excede con mucho del ámbito religioso y afecta de pleno a áreas de la política en las que el encubrimiento, la ocultación y hasta el señalamiento de las víctimas está a la orden del día. Es el caso, por ejemplo, del marido de Mónica Oltra, acusado de un supuesto abuso sobre una menor tutelada por la Comunidad Valenciana.
El caso ha dado un vuelco con la petición del juez de instrucción, que solicita la imputación de Oltra, vicepresidenta del Consejo de la Generalidad Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), ya que podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación en relación al expediente de su marido. Dicho juez considera que en la dirigente política concurren supuestos relacionados con el encubrimiento de los abusos que habría perpetrado su marido y que es imposible avanzar en la investigación sin afectar a los derechos como aforada de Oltra.
La instrucción no ha estado exenta de dificultades. El aparato propagandístico a disposición de Oltra ha tratado de desacreditar a la víctima, una menor de catorce años, con la teoría de que su testimonio no es más que una operación política de la extrema derecha. Y la contención y prudencia que se suelen dispensar en esta clase de asuntos ha sido desatendida sin reparos por los medios al servicio de la izquierda podemita. A diferencia de lo que suele ocurrir con las víctimas de religiosos, la niña en cuestión ha visto vulnerados todos sus derechos. Se ha difundido su identidad, se han publicado detalles de su intimidad, se han insinuado razones espurias en su denuncia y ha sido señalada de un modo que habría resultado inaceptable de entrada en el caso de haber sido una víctima imputable a la jerarquía católica.
La víctima se enfrenta a la izquierda, por lo que sus derechos cuentan mucho menos que si pleiteara contra la Iglesia. Las meras insinuaciones sobre hipotéticas motivaciones políticas en su denuncia tienen un efecto demoledor. Nadie se atrevería a poner en duda la veracidad de su testimonio si la parte acusada fuera la Iglesia. Sin embargo, no es lo mismo en el caso del marido de Mónica Oltra, una política miembro del selecto cuarteto formado con Yolanda Díaz, Ada Colau y Fátima Hamed Hosai. Así, las encendidas proclamas en favor del esclarecimiento y la reparación de los abusos en la Iglesia se tornan dudas, reparos y maledicencias contra las víctimas en los casos que afectan a las instituciones públicas en manos de la izquierda.
La política debería predicar con el ejemplo y aplicar estrictos criterios de depuración de responsabilidades en los ámbitos de su control. No es de recibo que la investigación del caso que afecta a Oltra sea más compleja que cualquiera relativa a los expedientes abiertos sobre abusos sexuales en organismos dependientes de la Iglesia.