Tras el fiasco de la gira europea buscando apoyos para su plan de desacoplar el gas de la factura eléctrica, Sánchez no podía volver del Consejo Europeo con las manos vacías porque eso hubiera supuesto la tumba de un Ejecutivo que se enfrenta a no pocos conflictos en el ámbito doméstico. Por eso, Moncloa trata de convertir en un éxito rutilante el papel de Sánchez en la cumbre del pasado viernes, cuando lo cierto es que ni ha cambiado la política energética comunitaria ni lo acordado por el alto organismo es un aval a los planes del Gobierno socialcomunista en materia de energía.
En realidad, como ha reconocido la vicepresidenta Teresa Ribera, lo único que ha hecho el Consejo es ofrecer de manera excepcional "una habilitación para que la Comisión conozca y autorice el mecanismo que España y Portugal" pretenden aplicar a su política energética, un instrumento que, en todo caso, tendrá un carácter temporal. En su virtud, el Gobierno deberá remitir un plan detallado a la UE en el que no cabrá su propuesta inicial de fijar artificialmente el precio de la luz y castigar a las empresas suministradoras con fuertes subidas de impuestos.
Las medidas de este nuevo plan energético, además, no se implantarán de inmediato, sino que están supeditadas al examen y eventual aprobación de la Comisión, un asunto que puede dilatarse en torno a un mes, según ha reconocido también la ministra Ribera. El documento de conclusiones advierte asimismo de que las decisiones del Gobierno socialcomunista no podrán "afectar a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común", aspecto éste fundamental que Bruselas va a vigilar estrechamente y sobre el que se reserva el derecho de veto.
Ajeno a las advertencias de la UE, Sánchez sigue dispuesto a fijar los precios máximos de la electricidad generada con gas, lo que conllevará un déficit por la diferencia, que habrá que pagar de manera diferida en los recibos futuros o a través de subidas de impuestos en caso de que lo asuma el Estado. En ambos casos, el pretendido triunfo de Sánchez va a suponer un castigo añadido a los contribuyentes españoles, que tendrán que asumir por una u otra vía el coste de sus decisiones.
Lo más sangrante es que Sánchez puede rebajar el coste de la energía hoy mismo haciendo lo que han hecho la mayoría de países desde que comenzó la invasión militar de Ucrania: reducir sensiblemente los impuestos que cobra el Estado. Pero ni Sánchez está dispuesto a rebajar la presión fiscal ni sus socios comunistas iban a permitírselo, lo que llevará a España indefectiblemente a un agravamiento de la economía que castigará nuestra ya maltrecha competitividad.