Alfredo Pérez Rubalcaba se habrá recuperado de la gripe que impidió la semana pasada la renovación del Consejo General del Poder Judicial; pero lo que está claro es que la Justicia no se va a recuperar de su lamentable estado mientras los componentes del máximo órgano de gobierno de los jueces y de nuestros más altos tribunales sean designados, en su totalidad, por el Poder Legislativo.
El hecho de que IU se haya incorporado al acuerdo que PP, PSOE, CiU y PNV han cerrado al límite del plazo establecido no borra sino que consolida el obsceno reparto de cromos que, desde 1985, y al grito guerrista de "Montesquieu ha muerto", vulnera la independencia judicial y hace del Judicial una mera correa de transmisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La misma sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la vergonzosa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por la que las Cortes Generales nombrarían no ocho sino los veinte miembros del CGPJ, advirtió, aunque fuese de forma hipócrita, que "ese cambio conlleva el riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos". Ese riesgo ha sido desde entonces una lamentable y previsible realidad; y el hecho de que los dos grandes partidos y los nacionalistas hayan concedido una parte del pastel a IU solo prueba que esta formación forma parte de la casta política que obstaculiza la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. La Justicia en un sistema democrático no tiene por qué ser plural, sino independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Así las cosas, y a la espera de conocer todos los nombres de los nuevos miembros del CGPJ, a nadie debería sorprender el marcado perfil político de algunos de los que ya conocemos, como es el caso del exdiputado socialista Álvaro Cuesta o de la exdiputada de CiU Mercé Pigem.
Con la honrosa excepción de UPyD, ya no queda en el Parlamento ninguna formación partidaria de la recuperación de la separación de poderes mediante el restablecimiento de un sistema de elección en el que sean los propios jueces y magistrados, y no los partidos políticos, los que nombren a los miembros de su máximo órgano de gobierno y de los altos tribunales.
En Libertad Digital no tuvimos empacho en dedicar dos editoriales seguidos en enero de 2012 a elogiar los proyectos de reforma anunciados por Alberto Ruiz Gallardón, entre los que se encontraba, de forma muy destacada, su promesa de restablecer el sistema de elección del CGPJ que operaba hasta 1985. Esa promesa, como tantas otras del Gobierno de Rajoy, se la ha llevado el viento. Nueva traición gravísima, imperdonable.