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Repetimos: qué tiene que pasar para aplicar el 155

Es hora de poner fin a este auténtico despropósito, que en ningún otro país habría llegado a los extremos protagonizados por los separatistas catalanes.

EDITORIAL
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El proceso separatista de Cataluña cuenta con la participación destacada de numerosos personajes, a cual más peculiar, cuyas manifestaciones públicas demuestran de manera insistente que ya han roto todo contacto con la realidad. Una de las figuras más características de la operación secesionista es el ex magistrado Santiago Vidal, autor del texto constitucional destinado a alumbrar la futura república catalana, cuya locuacidad nos ha permitido entender hasta qué extremos de felonía individual y traición colectiva ha llegado ya el famoso proceso de desconexión de las instituciones catalanas.

Vidal ha realizado pública y repetidamente diversas afirmaciones de extraordinaria gravedad, entre las que destaca su referencia a la posesión por parte de la Generalidad de los datos fiscales de todos los residentes en la comunidad autónoma catalana. La existencia de ese censo en manos de los nacionalistas es un atentado directo contra el derecho a la privacidad de la información tributaria a que tiene derecho todo ciudadano, pero también un nuevo aviso a todas las instituciones del Estado de que la operación separatista va absolutamente en serio.

El partido del ex magistrado lo ha obligado a dimitir como senador, pretendiendo zanjar así un escándalo que atribuyen exclusivamente a los delirios de un personaje de sainete. Ahora bien, por más que se empeñen los separatistas, este asunto no puede saldarse simplemente como el exceso dialéctico de un fanático especialmente lenguaraz.

En primer lugar, Santiago Vidal no es un figurante estrambótico sin más al que su pasión nacionalista le ha jugado una mala pasada. Él es, como hemos señalado y resulta conocido, el redactor del proyecto de la constitución independentista catalana y es evidente que tal encargo no se le hace a alguien que no goce de la plena confianza de las fuerzas nacionalistas. Pero es que las palabras de Vidal simplemente corroboran toda una sucesión de hechos preocupantes, que tienen que ver con el proyecto separatista de contar con una futura Hacienda propia como paso imprescindible para vertebrar sus finanzas.

¿O es que acaso no existe ya una Agencia Tributaria Catalana, con 19 edificios públicos, todo tipo de medios materiales y un número creciente de funcionarios? ¿A qué se debe si no el trasvase constante de personal de los registros de la propiedad a este organismo de recentísima creación? ¿Para qué iba a intentar el Gobierno catalán hacerse con los funcionarios de mayor nivel del ministerio de Hacienda en Cataluña? Lo más lacerantes es que esos órganos, creados fundamentalmente para cometer todo tipo de delitos al amparo de la Generalidad, los estamos financiando todos los españoles a través de las continuas entregas de fondos con que el Gobierno de Rajoy viene manteniendo a flote las cuentas públicas de Cataluña.

Es hora de poner fin a este auténtico despropósito, que en ningún otro país habría llegado a los extremos protagonizados por los separatistas catalanes. Vidal, al que expulsan de su partido no por mentiroso, sino por demasiado locuaz, ha hecho unas revelaciones de tal gravedad que ni siquiera Rajoy debería poder dejarlas pasar.

El Gobierno de España tenía ya más que suficientes motivos para intervenir la comunidad catalana, tal y como establece la Constitución en casos flagrantes de rebeldía institucional como los protagonizados por la casta separatista catalana. El escándalo desatado por las revelaciones de Santiago Vidal es de tal magnitud que ya no admite ninguna otra opción.


 

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