No faltará quien dude de que en las aulas de una hipotética República Catalana se fuera a erradicar el español e inocular la ignorancia, el desprecio e incluso el odio a España en mayor medida de lo que se ha hecho durante décadas en una Cataluña oficialmente perteneciente a España y respetuosa de su ordenamiento constitucional.
Aunque todo problema sea susceptible de empeorar, y la creación y reconocimiento de un nuevo Estado soberano en forma de república no sea, obviamente, la solución a ninguno de ellos, es innegable que el adoctrinamiento escolar constituye un arma formidable de los separatistas, volcados desde hace tanto tiempo ya en la construcción nacional de una Cataluña furiosamente antiespañola.
Por encima de las redes clientelares en forma de empresas públicas, fundaciones y demás chiringuitos a cargo del contribuyente; por encima de ilegales estructuras de Estado como las embajadas; por encima incluso de la incesante labor propagandística de los medios de comunicación controlados directamente o mantenidos artificialmente con vida por la Generalidad, la conversión de la enseñanza en una maquinaria de adoctrinamiento nacionalista ha sido y sigue siendo el factor que más claramente explica el hecho de que los separatistas hayan pasado de ser una exigua minoría a englobar a casi la mitad de la población catalana, porcentaje que aumenta entre la población más joven.
Si no ha habido un solo Gobierno central que se haya atrevido a hacer cumplir a la Administración regional catalana las sentencias de los tribunales contrarias a la liberticida inmersión lingüística, tampoco ninguna Alta Inspección del Estado ha exigido el cese de un adoctrinamiento que manipula la Historia y hasta los sentimientos de los escolares contra una España presentada como enemiga jurada de los catalanes, cuyas legítimas libertades reprimiría con saña.
La cuasi independencia de facto que PP y PSOE –con y sin mayoría absoluta– han consentido y ofrecido mantener –incluso ampliar– a los separatistas, con tal de que abandonen la quimera de dotarse de un nuevo Estado soberano, forma parte de esa ominosa "vuelta a la legalidad" que alientan tanto el PP de Mariano Rajoy como el PSOE de Pedro Sánchez, y con la que ambos tientan al golpista Carles Puigdemont.
Si no fuera porque ni Rajoy ni Sánchez han dado la menor muestra de pretender revertir el despreciable adoctrinamiento en el odio a España durante el ridículamente escaso tiempo de aplicación del artículo 155 de la Constitución, bastaría echar un vistazo a los libros de texto que se utilizan en Cataluña para comprender que sólo seis meses no podrían conseguir absolutamente nada, para más inri en pleno curso escolar 2017-2018.
A todo esto, el cabecilla del golpe, que a día de hoy sigue en libertad y en comunicación constante con todas las entidades y plataformas implicadas en el mismo, pretende, a través de los sindicatos de la enseñanza, que los menores participen en huelgas de país y en las movilizaciones ciudadanas que van a acompañar a su ya anunciada y reiterada negativa a acatar su suspensión como presidente de la Generalidad.
Así las cosas, y dada la increíble falta de previsión de la clase política española y su timorata actuación durante los cinco años de abierto, confeso y consentido desafío al Estado de Derecho, el Gobierno de Rajoy puede que no tenga otra ocupación durante los próximos seis meses que la de mantener la paz en las calles. ¡Como para ocuparse de las escuelas!