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EDITORIAL

Sortu consuma la verdadera corrupción del Estado

Los políticos no sólo no son capaces de poner a los terroristas fuera de la ley, sino que contribuyen decisivamente a su homologación democrática.

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La formación proetarra Sortu celebró ayer en Pamplona una asamblea para dar carta de naturaleza al derecho otorgado por el Tribunal Constitucional, cuando en junio del año pasado decretó la legalidad de su inscripción como partido político. En una decisión inaudita, que vulnera hasta la raíz la propia esencia de un órgano encargado precisamente de velar por el cumplimiento de la Constitución, el órgano presidido por Pascual Sala enmendó la plana al Tribunal Supremo, anulando la sentencia que ilegalizaba el brazo político de la banda terrorista ETA en función de documentos y pruebas de solidez incuestionable. La consecuencia es que, nueve años después de la ilegalización de su franquicia electoral, el terrorismo vuelve a estar facultado para concurrir en solitario a las elecciones con todo lo que ello lleva consigo en aumento de su capacidad política y financiera.

Esta traición de los poderes del Estado, encabezada por el Tribunal Constitucional para vergüenza permanente de sus miembros, revela un grado de corrupción sin duda alguna mucho más grave que los latrocinios habituales de la casta política, por más que sean estos últimos los que acaparen los principales titulares de los medios de comunicación. Si los políticos no sólo no sólo no son capaces de poner a los terroristas fuera de la ley, sino que, por el contrario, contribuyen decisivamente a su homologación democrática, no hay razón para que esa misma casta política no siga degradándose cometiendo delitos menores en beneficio propio.

La confianza de los proetarras en la protección que les brindan los corrompidos poderes del Estado les llevaron a elegir en la asamblea de ayer a 17 imputados por delitos de terrorismo para su junta directiva, como hemos demostrado en Libertad Digital. No satisfechos con esta vulneración flagrante de la vigente Ley de Partidos Políticos, reservaron el cargo de Secretario General para que lo ocupe Arnaldo Otegi en cuanto cumpla su condena también por colaboración con banda armada.

El gobierno, a través del Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado, no puede resultar ajeno a este ultraje a las víctimas del terrorismo, a la Nación española y a la propia Ley de Partidos Políticos aprobada durante el anterior mandato del Partido Popular con el apoyo del PSOE, cuyo artículo 9.3.c) establece expresamente como motivo de ilegalización de un partido el "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas". Diecisiete procesados y condenados por delitos de terrorismo forman, desde ayer, la junta directiva de Sortu. Diecisiete motivos para que el gobierno ponga en marcha los mecanismos jurídicos para su inmediata ilegalización. Hasta que esto no suceda, las promesas de regeneración de la vida pública serán otra tomadura de pelo de la casta política más lamentable y dañina que hemos tenido que sufrir los españoles en muchas décadas.

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