Según las autoridades regionales catalanas, la situación en materia de coronavirus en el Principado es mejor que en el resto de España pero no por ello menos preocupante. Aumentan los contagios, los decesos y los ingresos hospitalarios. Además, ya no sólo se trata de pacientes de más de cincuenta años o con patologías previas, sino de jóvenes e incluso menores. Tal es el cuadro que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, se ha visto obligado a comparecer ante la opinión pública para dar en persona algunas instrucciones y anunciar supuestas nuevas medidas frente al avance del virus.
Como suele ser habitual, la rueda de prensa de Torra ha sido perfectamente prescindible. Casi todo lo que ha dicho se sabía o se presumía y hubiera bastado con que compareciera un técnico, lo que habría redundado en una mayor credibilidad. Pero Torra necesita dar el cante cada dos por tres para probar que sigue al frente del negociado autonómico catalán y que está al corriente de lo que ocurre en su región. Ambas cosas no son ciertas, pero el dirigente separatista trata de desmentir la realidad con apariciones como la de este lunes.
Sin embargo, la rueda de prensa del presidente regional catalán ha dado de sí por un detalle de notable importancia. Torra ha dicho ante los medios que a partir de ahora y en las próximas tres semanas están prohibidas las reuniones de más de diez personas, sean reuniones públicas o privadas en lugares públicos o privados. De la prohibición, ha abundado, sólo están exentos los centros de trabajo y los transportes públicos. Se trata de contener la curva ascendente de los contagios, de parar el coronavirus antes de que sea demasiado tarde, de evitar más muertes y sufrimiento y de facilitar la vuelta al colegio y a los trabajos. Preguntado si tal medida afectaba al derecho a manifestación, Torra ha admitido que sí, pero que la limitación de las reuniones es imprescindible si se quiere frenar la enfermedad.
Al poco de acabada la rueda de prensa, la consejería de Presidencia ha emitido un comunicado en el que aseguraba que los actos separatistas previstos para la Diada, el 11 de septiembre, fecha incluida en la cuarentena de tres semanas decretada por Torra, estaban exentos de las restricciones comunicadas por el presidente regional. Es decir, que se limitan todas las reuniones, sean familiares, de amigos, religiosas, sindicales, deportivas, culturales y políticas, salvo las separatistas.
El gobierno regional catalán perdió el norte desde el momento mismo de su constitución y se esfuerza día a día en demostrar que no gobierna para todos los catalanes sino para los acólitos, pero lo de este lunes es de una obscenidad que raya lo criminal. Recuerda, además, el empeño del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por celebrar a toda costa la manifestación feminista del 8 de marzo, cuando los muertos por el coronavirus se contaban ya por centenares en España.
Así que mientras todas las actividades públicas y privadas quedarán limitadas en Cataluña con el objetivo de atajar la segunda oleada del coronavirus, la Generalidad pretende que las manifestaciones separatistas queden al margen de las duras restricciones y se celebren con normalidad. Las autoridades autonómicas catalanas no pueden quedar más en evidencia. Deberían ser conscientes de que permitir esas manifestaciones es activar una posible bomba vírica de mayor calibre que las derivadas de las reuniones familiares de más de diez personas. La incongruencia es mayúscula. pues si consideran que una parrillada entre amigos puede desatar un rebrote del coronavirus el mismo criterio debería regir para manifestaciones que no serán de menos de diez personas.
Las organizaciones separatistas han previsto concentraciones delante de sedes de organismos del Estado. No podían repetir las exhibiciones de masas de otros años por el coronavirus y por el cansancio de sus bases, pero no han renunciado a concentraciones efectistas a lo largo y ancho de toda Cataluña en muchas de las cuales habrá cientos de personas. Guardar las distancias de seguridad será muy difícil y no es de descartar que tales actos se conviertan en focos de infección. Que el gobierno catalán las permita y las aliente no sólo es prevaricación y discriminación sino una conducta que puede derivar en graves afectaciones para toda la población, no sólo para los participantes.
El Gobierno y los jueces deberían tomar cartas en el asunto porque si se prohíben las reuniones de más de diez personas para evitar la propagación del coronavirus con más razón se deberían prohibir las manifestaciones del signo que sean que inevitablemente agrupan a muchos más participantes. Es sabido que para Torra quienes no comulgan con sus postulados son "bestias inmundas" carentes de derechos y queda demostrado por esta nueva cacicada, pero se debe parar los pies de una vez a ese "president" y a su gobierno porque ponen en riesgo la salud de todos los catalanes, no sólo la de sus fieles.