La primera respuesta de los sindicatos UGT y CC OO a la reforma laboral anunciada el pasado viernes por el Gobierno expresa la impotencia de unas organizaciones que son corresponsables de que España presente la mayor tasa de paro de la Unión Europea y tenga a casi la mitad de sus jóvenes (en algunas regiones, son más de la mitad) sin empleo. Los señores Méndez y Toxo no se atreven a desafiar al Gobierno con una huelga general. Un nuevo fracaso, como el de la última huelga que le hicieron al señor Rodríguez Zapatero, precipitará su entrada al cementerio de la chatarra ideológica, al que de todas formas se encaminan. El sindicalismo obtuso, sectario y parásito que estos liberados del Rolex y las mariscadas encarnan es ya un fósil apenas animado por las ingentes transfusiones de dinero público de las que dependen para mantener su postinero tren de vida. Los sindicatos que hemos conocido están muertos, aunque los liberados sindicales no lo sepan y aún amedrenten con huelgas de zombies.
Las medidas indicadas por la ministra de Trabajo son audaces en comparación con los cautelosos cambios introducidos en el mercado laboral desde 1994. El nuevo proyecto señala la buena dirección, que siempre es la de una mayor libertad de empresarios y empleados para firmar, de manera individual y directa, acuerdos voluntarios de trabajo y retribución. Pero si de algo adolece la nueva reforma del mercado laboral, sin duda, es de celo con los privilegios sindicales y con el desequilibrado derecho de huelga en nuestro Ordenamiento Jurídico.
Los sueldos de los señores Toxo y Méndez, junto con los de todos los liberados sindicales, salen de las exacciones a los contribuyentes, sean estos o no afiliados a UGT y CC OO. Difícilmente habrá una ocasión más propicia que esta para acabar con el sablazo sindical y conseguir que los sindicatos se financien con las cuotas de sus afiliados, al igual que en Alemania o en Estados Unidos. Resulta escandaloso que, a pesar de su papel activo como obstáculos a las oportunidades de la gente para encontrar empleo en libertad, los contribuyentes tengan que pagarles la confortable burbuja en la que viven estos profesionales del sindicalismo subvencionado. Si hay unas instituciones desoídas y hasta repudiadas por la mayoría social, esas son, sin duda, los llamados sindicatos de clase, con su rancio discurso ideológico, su inútil burocracia y sus costosos privilegios.
Otra de las reformas que deben acompañar a las medidas sobre el mercado laboral es la regulación del derecho a la huelga, para que deje de amparar la actividad piquetera y amedrentadora y ampare el derecho al trabajo. Hace bien CiU en advertir al Gobierno de que si no toca la regulación del derecho a la huelga, la reforma laboral puede llegar a descarrilar por la conducta mafiosa e impune a la que acostumbran los piquetes sindicales.
Que los sindicatos sean cada día más irrelevantes y estén más desprestigiados no significa que no puedan aún hacer mucho daño a las oportunidades de los trabajadores. La reforma laboral debe incluir unas nuevas reglas de juego para los sindicatos, entre otras, el fin de las subvenciones y un derecho a la huelga que sea compatible con el derecho al trabajo.