La comparecencia judicial más mediática de los últimos tiempos tuvo ayer lugar en los juzgados de Palma de Mallorca. El imputado Iñaki Urdangarín, Duque de Palma y esposo de la hija menor del Rey de España, se presentó como estaba previsto ante el juez que instruye el caso "Palma Arena", para dar cuenta de sus andanzas al frente del Instituto Nóos y el entramado societario vinculado de una u otra forma a la citada institución "sin ánimo de lucro".
En su declaración ante el juzgado, a cuyo edificio accedió a pie al contrario de lo que la Casa Real sugirió a las autoridades, Urdangarín ha manifestado desconocer los movimientos de fondos y las operaciones triangulares a través de las cuales se podría haber cometido un abigarrado catálogo de delitos mercantiles, sin excluir algunas infracciones de tipo penal cuyas consecuencias delimitarán los tribunales que juzguen finalmente los hechos que instruye el magistrado José Castro.
Pero más allá de que la Justicia determine en su día la sustancia penal de estas oscuras operaciones mercantiles, cuyo vértice ha quedado fijado por la fiscalía en la entidad filantrópica presidida hasta hace unos pocos años por el yerno de S. M. el Rey, lo que resulta evidente es que D. Iñaki Urdangarín, con el inevitable conocimiento de la Infanta Cristina, utilizó su alta posición para realizar negocios privados de los que la pareja obtuvo importantes beneficios económicos.
Lo hizo además repetidamente y, por si fuera poco, utilizando al menos las instalaciones oficiales que el Patrimonio Nacional, con el esfuerzo de todos los contribuyentes españoles, pone a disposición de la Familia Real en Mallorca para su uso durante el descanso veraniego.
La sustancia penal de los hechos de los que se acusa a Iñaki Urdangarín es algo que, como exige todo Estado de Derecho, habrá de ser acotado por los tribunales de justicia llegado el momento procesal oportuno. Ahora bien, aunque el Duque de Palma salga indemne de este proceso y con todos los pronunciamientos favorables, hay ya un número suficiente de hechos incontrovertibles que sitúan al hoy imputado y a su esposa muy lejos del compromiso ético que el titular de la Institución viene exigiendo en sus últimas intervenciones públicas.
De la ejemplaridad en el tratamiento que este enredo familiar reciba a corto plazo especialmente por parte del Príncipe Felipe, destinatario inmediato de la Corona de España, dependerá en gran parte la aceptación futura de una Institución que, por culpa del "ánimo de lucro" de uno de sus miembros, está atravesando uno de los momentos más bajos que se le recuerdan.