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EDITORIAL

Villar, en el disparadero

Lo que pone de nuevo de manifiesto esta operación policial es el asombroso grado de opacidad existente en torno a las federaciones deportivas.

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A lo largo de este martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaron numerosos registros y diligencias en el marco de una operación anticorrupción que tiene en el foco a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Su presidente, Ángel María Villar, el hijo de éste y su fiel escudero, el vicepresidente Juan Padrón, fueron arrestados por orden de la Audiencia Nacional, acusados de corrupción entre particulares, falsedad en documento público, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes.

Sin perjuicio de que las pesquisas judiciales vayan concretando la magnitud de los delitos que la cúpula federativa podría haber cometido, lo cierto es que la denominada operación Soule arroja nuevas sombras sobre el establishment del mundo del fútbol. Y es que el sempiterno presidente de la Federación Española es también vicepresidente de la FIFA y un destacado miembro de la UEFA, cuya Ejecutiva presidió tras la suspensión de su presidente, Michel Platini, por recibir pagos ilegales.

Esa es precisamente la principal acusación que pesa sobre el polémico Ángel María Villar, cacique del fútbol español desde hace tres décadas, que habría estado utilizando la empresa de su hijo para desviar fondos a través del pago de comisiones por la celebración de partidos de la Selección Nacional.

Por otro lado, lo que pone de nuevo de manifiesto esta operación policial es el asombroso grado de opacidad existente en torno a las federaciones deportivas, instituciones privadas con funciones oficiales y financiadas con fondos públicos, que sus dirigentes pueden llegar a manejar con absoluta discrecionalidad.

El caso de la RFEF debe servir para reflexionar sobre un modelo que mezcla el deporte de base, el aficionado y el de máximo nivel, y en el que sus dirigentes no están sujetos a las exigencias propias de los organismos de la Administración Pública ni tampoco obligados a dar cuenta de sus actos ante los eventuales propietarios de la entidad. Tras casi treinta años de villarato, parece llegado el momento de acabar con este estado de cosas, que en nada beneficia al deporte ni a la sociedad.

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