Carles Puigdemont utiliza el documento español para viajar libremente por Europa y para radicarse donde más le plazca dentro de la UE. Disfruta de este privilegio gracias al hecho afortunado de que nació en una provincia que forma parte del Reino de España. Sin embargo, él reniega de este vínculo y se proclama presidente de otro país que no figura en el concierto de naciones reconocidas como tales y que un colectivo endogámico bautizó con el nombre de República de Cataluña.
Minoría apátrida
La repúblika mostrenca que este colectivo pretende amputar del Reino de España tiene en su versión actual 7,5 millones de habitantes, de los cuales 5,5 millones figuran en el censo electoral. Puesto que solo 2 millones manifiestan públicamente el deseo de convertirse en ciudadanos de una repúblika inexistente, sin estatus internacional reconocido, esta minoría que rompe sentimentalmente con el país donde nació debería asumirse como apátrida, despojándose voluntariamente de los derechos que heredaron como españoles. Por lo menos hasta que un Gobierno colonizador –¿ruso? ¿chino?– juzgue lucrativo conceder personería jurídica al nuevo engendro.
No renunciarán a su primogenitura, por supuesto, porque son contestatarios pero no tontos. Y esto genera una situación anómala. Hoy hay en el Parlamento diputados y senadores que se sienten ajenos a España, incluso hostiles a ella, y que sin embargo están facultados para votar una moción de censura que destituye a los gobernantes leales a la Constitución y los reemplaza por otros predispuestos a la claudicación. Lo cual equivale a permitir que agentes extranjeros intervengan en la toma de decisiones cruciales para la soberanía de la Nación y el bienestar de sus habitantes. ¿Es racional que los enemigos de España tengan voz y voto en los debates sobre el orden institucional, la forma de gobierno (monarquía o república), la economía, los planes de seguridad y defensa, la educación y la sanidad del país que prometen destruir? No, no lo es.
Salvoconductos para la traición
Para más inri, esta no es una operación encubierta. Por el contrario, los renegados hacen ostentación de las tácticas y estrategias que emplean para desmembrar el país donde nacieron y cuyos documentos siguen utilizando como salvoconductos para la traición.
Los cabecillas de la insurrección secesionista no se recatan de actuar como si ya hubieran logrado sus fines y contaran con un Gobierno legítimo. Los ayuda el hecho de tener enfrente a un pelele con ínfulas de líder, que está dispuesto a decir que llueve cuando le orinan encima con tal de poder seguir aparentando autoridad. Así se explica que tolere las humillaciones a su persona y a los miembros de su gabinete, y que el presidente putativo de una Generalitat pilotada desde el extranjero lo conmine a hablar "de Gobierno a Gobierno", como si lo estuviera interpelando desde el Salón Oval de la Casa Blanca y no desde el cuarto trastero al que lo relegó su patrón Puigdemont en el Palau de la Generalitat regional.
La circunstancia de que los capos del golpe actúen como si su repúblika nonata fuera realmente un Estado independiente justifica que a sus secuaces se los pueda acusar de ser agentes extranjeros, inhabilitados para ocupar escaños en las Cortes españolas. Si tuvieran un ápice de decencia, ellos mismos tomarían la iniciativa de abandonar la legislatura. Desde este punto de vista, los radicales de la CUP son mucho más honestos que sus socios burgueses cuando se niegan a participar en los comicios españoles. Aunque me pregunto si la insumisa recalcitrante Anna Gabriel reside en Suiza con documento español o ya ha pedido papeles de apátrida, porque las puntillosas autoridades helvéticas nunca aceptarán una credencial espuria atribuida a los míticos Països Catalans de los que ella dice ser aborigen.
Flagrante malversación
El mamarracho secesionista, consumado tras la creación de falsas estructuras de Estado sufragadas con el dinero de todos los españoles, sustraído a su vez de los servicios sociales, la sanidad y la educación, es un acto de flagrante malversación. Joaquín Luna retrata este saqueo de los bienes públicos con su habitual humor cáustico ("El modus vivendi de la república", LV, 31/10):
¿No basta con una administración –la Generalitat– ya especialmente generosa en organismos ornamentales, y con la reapertura de embajadas en actos a los que ninguna autoridad local asiste?
Ayer fue presentado en el Palau el Consell per la República, ¡un organismo privado!, ¡sin un euro de financiación pública! Un milagro bíblico.
La semana pasada asistimos a la creación del –contengan el aliento– Consell Assessor per a l´impuls del Fórum Cívic i Social per al Debat Constituent, cuyo responsable es Lluís Llach (…)
A principios de octubre la Generalitat nombró a un ex dirigente de la CUP responsable de la singular Oficina de Drets Cívics i Polítics (…)
Y nostalgias del verano, cabe recordar la creación en junio del Comissionat per el Desplegament de l´Autogovern, cuyo objetivo –cito textual– es "evaluar el impacto real de la aplicación del artículo 155".
Desde la desaparición de la URSS, no se recuerda en Europa semejante despliegue de organismos con nombres largos, farragosos y burocráticos que solo hacen duplicar una administración suficientemente estructurada.
Lo imperdonable
Añade Luna que Quim Torra "es un hombre que se limita a repetir en todos los actos que la realidad le irrita mucho y como le irrita esa realidad no existe ni la acepta". Pues bien, esa realidad dicta que la repúblika de la que funge como presidente putativo no existe, y que cuando le ordena al nuevo capataz del Diplocat, Alfred Bosch, que actúe como "ministro de Exteriores" de Cataluña están interpretando, él y su subalterno, un papel grotesco. Lo imperdonable, empero, es que, aunque el maltratado ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, impugne en los tribunales los chiringuitos que la Generalitat monta a todo trapo en otros países, el Gobierno no cierre sumariamente el grifo e impida que los malversadores hurten sin disimulo millones de euros de las arcas públicas para amamantar a los ganapanes que se pasean por el mundo difamando a España.
Los golpistas han montado en el territorio del Reino de España un simulacro de Estado independiente que nadie reconoce en el concierto de naciones. ¿Son rebeldes o sediciosos? ¿Son galgos o podencos? Son delincuentes que actúan como si fuesen agentes extranjeros embarcados en una cruzada para desmembrar España. Su último envite: tomar partido por el Reino Unido contra España en el conflicto de Gibraltar (El Confidencial, 23/11). Estos agentes extranjeros no se resignan a trabajar como apátridas autónomos y buscan colocarse bajo el ala de alguna potencia que remunere sus servicios.
Urge que el Gobierno del país que estos agentes extranjeros se empecinan en destruir no sea el que premia su traición como lo está haciendo hasta ahora, con incontroladas transferencias de fondos que son sistemáticamente malversados, como reconoce incluso el benévolo tribunal de Schleswig-Holstein en su muy jaleada sentencia. El artículo 155 de la Constitución sigue siendo el arma contra el expolio.
PD: Jordi Gracia publica en el BOE del pedrosanchismo entreguista un artículo ("La derecha despechada", El País, 27/11), en el que enumera todas las claudicaciones de la izquierda, incluidos contubernios con el golpista Junqueras, elogiándolas como si fueran conquistas históricas, y después de meter en el mismo saco el Gobierno socialdemócrata de Felipe González y el vodevil esperpéntico del tardochavista José Luis Rodríguez Zapatero arremete con lenguaje tremendista e inquisitorial contra los partidos que defienden la unidad de España, lo que a su juicio implica "una recaída en trasnochadas pendencias peligrosamente vintage". Ecos de Pilar Rahola en la izquierda reaccionaria, como la definió con lucidez premonitoria el inolvidable Horacio Vázquez-Rial.