Los apodamos, irónicamente, "salvapatrias". Ahora, cuando se pudren los frutos que regaron con astucias, mentiras y puñaladas traperas, ya no queda margen para bromas y solo cabe calificarlos de "ahogapatrias". Envueltos en banderas apócrifas, encandilaron a las masas con un derroche de cinismo para movilizarlas en pos de una república quimérica pródiga en riquezas. Prometían ser los constructores de un futuro luminoso para Cataluña. En pocos días la realidad contundente ha demostrado que componen una peligrosa brigada de demolición.
Voces de alarma
En una monarquía parlamentaria como la española, guiada por el principio republicano de la división de poderes, es normal que el Ejecutivo ponga en manos del Judicial las pruebas, recogidas por las fuerzas del orden público, de que en una comunidad autónoma –en este caso la catalana– se han perpetrado delitos de prevaricación, malversación y sedición. Pero es imperioso, a la vez, que sea la sociedad víctima de dichos delitos la que muestre su indignación, se organice para la reconstrucción moral y material y estigmatice a los culpables de la ruina.
Nadie puede argumentar que no se dieron voces de alarma, denunciando a los conspiradores y describiendo con precisión milimétrica la magnitud de los daños que iban a causar con sus tropelías. La labor de esclarecimiento ha corrido por cuenta de políticos, académicos y periodistas comprometidos con la integridad y soberanía del reino de España y con el bienestar y la convivencia de los ciudadanos. Lo dijeron con claridad meridiana: la secesión de Cataluña implicaría la salida automática de la Unión Europea, con el consiguiente empobrecimiento social, económico y cultural. Los Gobiernos y los más altos funcionarios de la Comunidad Europea lo ratificaron.
Si estas advertencias no se escucharon fue porque las tapó la ensordecedora avalancha de mentiras con que los medios de comunicación y las redes sociales, puestos al servicio del trampantojo secesionista, machacaban a la buena gente.
Lo deprimente es que la crisis mayúscula que estamos viviendo se podría haber evitado si esa misma buena gente hubiera reaccionado a tiempo, todavía en 1981, cuando un estadista ejemplar denunció las iniquidades que se estaban tramando. El estadista era Josep Tarradellas y las iniquidades las tramaba su sucesor en la presidencia de la Generalitat, el artero Jordi Pujol.
Habla Tarradellas
Está de moda citar a Tarradellas, cuando se cumplen 40 años de su regreso a Cataluña. Incluso Carles Puigdemont cometió la blasfemia de invocar su nombre en vano. También lo exhumó La Vanguardia en un editorial blandengue y oportunista ("El ejemplo de Tarradellas", 16/10), en el que se filtra, sin embargo, la clarividencia del prócer:
Ya como presidente emérito, en el primer año de Jordi Pujol, Tarradellas detectó que la lealtad catalana a España, que él había abanderado, flaqueaba al servicio de una abstracción nacional. Y escribió a Horacio Sáenz Guerrero, entonces director de este diario, una carta de sincera preocupación que hoy parece profética. Lamentaba Tarradellas la pretensión de construir una Catalunya impermeable a España. Treinta y seis años después, dicha pretensión ha cristalizado en una mayoría parlamentaria catalana dispuesta a saltar al vacío.
Tarradellas profetizó mucho más en su extensísima carta del 16 de abril de 1981, que quien desee aproximarse a la verdad histórica deberá consultar íntegra en la hemeroteca del diario. Escribió, por ejemplo:
El presidente Pujol (…) afirmaba una vez más su conducta nacionalista, que era y todavía es hoy la de utilizar todos los medios a su alcance para manifestar públicamente su posición encaminada a hacer posible la victoria de su ideología frente a España.
(…)
[Los nacionalistas] utilizan un truco muy conocido y muy desacreditado, es decir el de convertirse en el perseguido, en la víctima.
Es revelador, en fin, que Tarradellas haya previsto, en 1981, la necesidad de vacunar el sistema de enseñanza de Cataluña contra el odio y la discriminación lingüística que hoy lo pervierten, como han vuelto a denunciar Ciudadanos y el ministro Alfonso Dastis.
Francesc-Marc Álvaro impugna la denuncia ("El retorno del Estado", LV, 16/10):
Han aparecido discursos que no son inocentes. Alfonso Dastis ha dicho que no se enseña castellano en las escuelas. Pura mentira. ¿Por qué un ministro tan relevante del Gobierno de Mariano Rajoy dice eso?
Y clama un titular del mismo diario (16/10): "Enojo por la acusación de adoctrinamiento – El Govern cree que el PP busca con sus críticas al modelo educativo catalán justificar una intervención del sistema con el artículo 155".
¿Y qué opinaba Tarradellas sobre este tema en la carta de 1981? Esto:
Los problemas de la lengua y de la escuela es la actual Generalitat quien en gran parte los ha provocado.
Quiebra del Estado de Derecho
La brigada de demolición convierte en realidad los peores pronósticos del avi Tarradellas. La poltrona de la Generalitat la ocupa un matón que se jacta de que "Damos miedo, y más que daremos" (toda la prensa, 1/7). José Antonio Zarzalejos acumula argumentos irrefutables para sentenciar: "Catalunya bajo una autocracia" (LV, 15/10). El efecto demoledor de la amenaza imborrable y de la quiebra del Estado de Derecho ha sido fulminante: 700 empresas han abandonado Cataluña en diez días hábiles (El País, 17/10).
Despechado, el matón autócrata recitó el catecismo de sus compadres anticapitalistas (LV, 16/10):
Y también tuvo un reproche para las empresas que han trasladado sus sedes sociales fuera de Catalunya: "Contra los que quieren poner la economía al servicio de los intereses políticos, la determinación de nuestras pequeñas y medianas empresas y de nuestros trabajadores es de construir un país de libre competencia y donde pese más el valor del voto que el valor de la bolsa".
Las empresas –grandes, medianas y pequeñas– mudan sus sedes sociales y fiscales fuera de lo que puede convertirse en un Estado mostrenco porque necesitan continuar bajo el paraguas de la UE y del BCE. Y por otro motivo que subraya con objetividad Manel Pérez ("El efecto sede", LV, 15/10):
Pese al indiscutible crecimiento de las exportaciones, el mercado de referencia para las empresas catalanas más relevantes sigue siendo el español. Su primer mercado, en muchos casos.
Minoría de crápulas privilegiados
Enric Juliana, que conoce los entresijos del contubernio porque forma parte de él, nos cuenta un secreto que retrata a los fanfarrones de la nomenklatura catalana ("Atrapados en el estadio", LV, 15/10):
En privado, la plana mayor soberanista está horrorizada. No se esperaban la salida masiva de empresas. En público, disimulan, para no desmovilizar al estadio. Esta es la más grave responsabilidad a la que se enfrentan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
¿La más grave responsabilidad? Ellos solo se sienten responsables de aplicar la política de la brigada de demolición. Y la aplican implacablemente, como lo demuestran los titulares de la prensa diaria: "Tensión política, bajón cultural – El clima de incertidumbre da un golpe a la venta de entradas y cancela actos y visitas" (LV, 7/10); "Exceltur prevé pérdidas de 1.200 millones para el turismo catalán si persiste la caída de reservas – El lobby turístico ya registra una caída del 20 % de reservas desde el referéndum del 1-O" (El País, 17/10); "El plan de independencia unilateral admite problemas para pagar las nóminas" (LV, 17/10).
Josep Antoni Duran Lleida se pregunta, vistas las dimensiones de la catástrofe ("Astucia y frustración", LV, 13/10):
¿Es que alguno de nuestros dirigentes piensa en escenarios como el de la desintegración de Yugoslavia? ¿O acaso algunos están urdiendo un escenario como el del Ulster y no les basta con esa maldita obsesión de tildar de unionistas a todos aquellos que no piensan como ellos?
Urge despojar legalmente del poder absoluto a esta minoría de crápulas privilegiados –la brigada de demolición– que fragmentan, empobrecen, intimidan y alejan del mundo civilizado a la sociedad catalana, para convertirla en dócil cobaya de nefastos experimentos totalitarios que ya hundieron a otros pueblos.