La primera película que se filmó en la Alemania devastada por la guerra, en 1946, se titulaba Los asesinos están entre nosotros. La dirigió Wolfgang Staubte y giraba en torno a una sobreviviente de los campos de concentración obligada a compartir un cuchitril con un médico cirujano al que atormentaban los remordimientos por actos inhumanos que había cometido durante la guerra. Lo que da título a la película es el encuentro de este médico con el jerarca nazi responsable de dichos actos que ahora, tras la derrota, vive impune, como un magnate, a salvo de la miseria circundante.
Ultraje a la sociedad civilizada
Aquí también los asesinos están entre nosotros. Cuando regresan a sus madrigueras en la comunidad vasca los reciben con grandes agasajos y kermesses populares. Si todavía están purgando sus crímenes, no les faltan gobernantes complacientes que, tras un cambalacheo entre bastidores, disfrazan de actos humanitarios su traslado a cárceles próximas a sus cubiles. Tan complacientes son los mandamases felones que su cabecilla no vacila en transmitir sus condolencias a los albaceas políticos de los asesinos cuando uno de estos se suicida en su celda. Tal para cual.
El ultraje a la sociedad civilizada en general, y a las víctimas de los terroristas en particular, culmina cuando los asesinos que están entre nosotros introducen a sus representantes en la dirección del Estado. Fue el vicepresidente segundo del Gobierno sanchicomunista, Pablo Iglesias Turrión, quien, en un acto del Espacio de Cambio, se jactó de que, tras el pacto con EH Bildu y ERC para aprobar los presupuestos “tenemos que estar orgullosos de la perseverancia del espacio político para construir una mayoría progresista y plurinacional que está llamada a convertirse en mayoría de legislatura y de dirección del Estado” (LV, 6/12).
Un soviet hegemónico para que, como también prometió el Lenin del moño, “la derecha nunca vuelva al Consejo de Ministros”. Ay, la derecha, a la que el montonero Pablo Echenique increpa: “Rabiosos, esto es solo el aperitivo”, o sea el preludio de la “nueva era” que profetiza el renegado Gabriel Rufián, súbdito de la taifa mostrenca catalana. El monstruo bruto de Frankenstein arrasa con todo. Incluso con el empleo del español como lengua vehicular en las escuelas de España.
Indignación lógica
La acumulación de privilegios de los asesinos que están entre nosotros, y la estulticia de quienes se los conceden desde la cúspide del poder, provocan la lógica indignación de la parte sana de la sociedad traicionada. Se multiplican las denuncias y La Vanguardia incurre en la vileza de intentar contrarrestarlas denigrando a sus autores más mediáticos en un editorial (“La libertad de expresión y lo inadmisible”, 4/12), aunque al reproducir su contenido las dota de mayor verosimilitud para el lector inteligente. Los denunciantes, comunica el diario:
Exponían su malestar por el hecho de que España estuviera actualmente en manos de “un Gobierno social-comunista apoyado por filoetarras e independentistas”, alertaban de que algunos de sus proyectos legislativos podían “aniquilar de raíz” la democracia.
El pretexto que emplea el editorialista para negarse a reconocer la veracidad incontrastable de las denuncias es el muy trillado de ensañarse con el mensajero, que en este caso concreto era un grupo de 73 militares retirados. Un grupo al que se fueron sumando otros. El manifiesto más reciente le recuerda a la sociedad, con 271 firmas (el 9/12 ya eran más de 600) que:
Como militares, que seguimos siendo aún en la situación de retirados, mantenemos activo el juramento que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera necesario.
Este manifiesto acusa al Gobierno de aceptar “los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al Rey y los ataques a su efigie”, además de “permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a los terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas” (LV, 6/12).
Verdades como puños
Quienes han institucionalizado la cohabitación con los asesinos no pueden tolerar este aluvión de verdades como puños que les impactan en el plexo solar. Escribe el predicador supremacista Francesc-Marc Álvaro (“La magia de unos y otros”, LV, 7/12):
¿Os imagináis que militares británicos, franceses, alemanes o italianos se expresen en contra de un determinado gobierno surgido de las urnas?
En Alemania no es necesario porque los comunistas y los nazis están fuera de la ley y por lo tanto no pueden poner el Gobierno al servicio de sus ideologías asesinas, como sucede aquí. Pero en Francia sí me lo imagino. Porque fue un militar, el general Charles de Gaulle, quien desalojó del Elíseo a una República caduca y fundó otra totalmente regenerada de la que muchos políticos actuales intentan presentarse como herederos. Precisamente ahora aparece otro general, Pierre de Villiers, que aspira a representar el mismo papel, según informa el diario Le Parisien, donde advirtió, en una entrevista, que “teme una guerra civil en Francia” (LV, 7/12).
El general de Podemos
En España, Unidas Podemos intentó colarnos su propio general, el ex Jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez, al que presentó como candidato a diputado. Fracasó, pero forma parte de la cúpula de Unidas Podemos y es director del Gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno sanchicomunista. Muy lejos de la neutralidad que la ministra Margarita Robles exige equivocadamente a los militares constitucionalistas, que son fieles a la nación española y no a un partido político.
Miguel Ángel Aguilar subraya (“Margarita Robles, el Rey y la Carta 73”, Vozpópuli, 2/12) que los militares se rigen por el artículo 26 de las Reales Ordenanzas, el cual les impone el deber de “conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución”. Constitución cuyo artículo 8.2 reza (hay que repetirlo): “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Y concluye Aguilar citando el articulo 14 de las Reales Ordenanzas, en virtud del cual “cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que constituyan delitos, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas y que, en todo caso, asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión”.
Son ciudadanos
Estos militares retirados son ciudadanos con los mismos derechos y más deberes que el resto de sus compatriotas, y su fidelidad al juramento que pronunciaron los blinda contra las insidias de los guerracivilistas contumaces. Sobre todo cuando comparamos su honorabilidad intachable con la bastardía de los tránsfugas que se pasan por el arco del triunfo su promesa de “cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
Ojalá la iniciativa y el argumentario constitucionalista de estos ciudadanos que vistieron uniforme se contagie al resto de la sociedad civil, para que un tsunami imparable barra de la escena pública a los enemigos cainitas de nuestras libertades y de nuestra convivencia fraternal dentro de una España indivisa. Estos sí son valores intocables.