El propósito de toda la oposición de derogar la prisión permanente revisable ha cobrado inusitada relevancia tras la detención del asesino de Diana Quer, debido al escándalo que genera que ese criminal pueda resultar beneficiado. Una de las razones que se alega para derogar la institución es su inconstitucionalidad. En efecto, nuestra Constitución dice que las penas estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no parece que una pena consistente en la prisión permanente, por muy revisable que sea, tenga esa orientación. No obstante, puede defenderse con algún fundamento que, siendo revisable, la prisión permanente cabe en nuestra Constitución. Lo que no es discutible es que hay dudas acerca de su constitucionalidad, y que empeñarse en introducirla supuso cuando menos forzar las costuras de nuestra Carta Magna.
En la lucha contra el separatismo vasco y catalán, los españoles que no son nacionalistas podían haberse llamado unionistas o españolistas, pero alguien decidió que se llamaran constitucionalistas. La denominación es muy desafortunada porque defender la unidad de España es algo mucho más serio que defender una concreta Constitución, que puede cambiarse e incluso derogarse sin que eso tenga que ser ninguna tragedia. En cambio, la destrucción de España sí que lo sería. El caso es que, para bien o para mal, la defensa de España se identifica con la defensa de la Constitución dando por hecho que los independentistas nunca tendrán fuerza suficiente para reformarla en el sentido de permitirles destruir España. De esa forma el soberanismo catalán y el vasco quedan desautorizados porque violan la Constitución, no porque quieran acabar con nuestra nación. Esto permite al independentismo contraatacar acusando a los constitucionalistas de interpretar la Constitución del modo que les parece, en perjuicio de los nacionalistas, apoyándose en un tribunal político que respalda esa interpretación torcida. Y he aquí el problema, que algo de razón tienen. Y el caso de la prisión permanente revisable lo demuestra.
Si exigir el cumplimiento estricto de la Constitución va a ser el modo en que se va a defender la unidad de España, más valdría que el unionismo fuera coherente y protegiera nuestra Ley de Leyes siempre, y no forzar su interpretación cuando conviene. Porque si se puede forzar para imponer una cadena perpetua que obviamente el legislador constitucional quiso prohibir, aunque no lo hiciera con la suficiente claridad, también podría forzarse para que fuera constitucional, por ejemplo, un referéndum de independencia en Cataluña. Y si el Tribunal Constitucional ha de ser un baluarte desde el que proteger la unidad de la nación, debería preservarse su independencia y prestigio y no obligarle a decir cosas como que el matrimonio homosexual es constitucional, cuando es obvio que no lo es. Si se quiere introducir la cadena perpetua o se desea que puedan casarse personas del mismo sexo, lo que hay que hacer es reformar la Constitución y no estirarla como un chicle, con la complicidad del tribunal encargado de defenderla. Esto ya es suficientemente malo en sí mismo, pero lo es mucho más cuando resulta que son esa ley y ese tribunal las últimas trincheras desde las que se va a defender la unidad de España.