Nuestro presidente tiene imputada a su esposa, a su hermano (y no hay más porque sólo tiene uno) y a sus dos sucesivos hombres de confianza en el partido. Además, tiene condenado a su fiscal general del Estado, al que su sucesora no le aplica la inhabilitación con la que fue castigado. La desidia del presidente en el cuidado de las infraestructuras, con el fin de ahorrar el dinero que necesita para comprar votos, provocó un accidente ferroviario con más de cuarenta muertos. Y el sometimiento de los criterios técnicos a las exigencias ideológicas dio lugar a un apagón que se tradujo en cientos de millones de pérdidas.
Para poder llegar a tanta ignominia, Sánchez se hizo investir presidente del Gobierno por unos delincuentes con el compromiso de amnistiarles sus delitos. Y, a cambio de prebendas que todavía sólo podemos sospechar, dio un giro a la política exterior española: traicionó al pueblo saharaui; nos entregó a los caprichos de Mohammed VI; dejó que fuera la Unión Europea la que negociara nuestros intereses en Gibraltar; se arrojó en brazos de la dictadura comunista china, y salvó del ostracismo al criminal régimen chavista. Los ministros, cómplices de tanto desmán, se permiten serlo por las canonjías que reciben, conocidas, como las de Albares en la persona de su pareja, o intuidas en el caso de otros. Se dan rescates millonarios a compañías que quizá lo merezcan porque intercede por ellas la esposa del presidente o a aerolíneas que en absoluto tienen derecho a él gracias a la mediación de Zapatero, pagada con una comisión tal vez luego compartida.
El Partido Comunista Chino tiene acceso a nuestras comunicaciones de seguridad y defensa y, por tanto, a las que tengamos con nuestros aliados, tras confiar la tecnología de las mismas a sus compañías semipúblicas. Para colmo, se incumple desde 2023 la obligación de presentar unos presupuestos y se gobierna a golpe de decreto soslayando las competencias del Legislativo. Y como guinda, sabemos hoy que nuestro presidente se encaramó al poder gracias a las grabaciones realizadas en las saunas de su suegro proxeneta, con las que fueron chantajeados algunos altos cargos socialistas, y que su ascenso al poder se financió con el fruto de tan infame negocio.
Son una docena de casos que, aún considerados aisladamente, bastarían para justificar una dimisión. No digamos si se valoran en conjunto. Y todavía hay muchos periodistas que exigen que el presidente del Gobierno, al que tildan de legítimo cuando apenas pasa de legal, sea tratado con el debido respeto. Y las encuestas anuncian que semejante sinvergüenza tiene el voto de los suficientes electores como para superar holgadamente en unas elecciones generales los cien escaños, lejos de los 85 que el mismo sujeto, cuando no tenía dinero que repartir, obtuvo en 2016.
Está claro que un sistema que carece de mecanismos para evitar las tropelías de tamaño caradura es defectuoso. Es verdad que buena parte de la culpa la tienen los partidos independentistas, golpistas y filoterroristas que le venden sus votos. Pero la principal responsabilidad es de su partido, cuyos militantes lo sostienen gracias quizá a los muchos de ellos que están enchufados en empresas públicas como lo estuvieron las novias del ministro. Está claro que la organización dirigida por Ábalos no es la única ni la que más merece el calificativo de criminal.