Los ministros dijeron al principio que todos los emigrantes que entraron ilegalmente el 30 de julio retornarían a Marruecos. Pero luego añadieron que lo harían conforme a los cauces legales, que impiden la devolución de los menores si el Estado receptor no acepta compromisos inasumibles, y la de los adultos si Marruecos se niega a recibirlos. Hablan de la ley como si fuera el Código de Hammurabi, las XII Tablas o el Digesto, cuando no es más que lo que ellos promulgaron: unas leyes garantistas, inapropiadas para un caso extremo como el de Ceuta.
The Objective publica que a Bolaños se le ofreció declarar el estado de excepción, lo que sin necesidad de modificar ninguna norma habría permitido devolver o deportar a todos los que entraron ilegalmente en muy pocos días. Con independencia de que se lo ofrecieran o no, el recurso estaba ahí. Y, del mismo modo que con el confinamiento nos privaron a todos por las bravas de un derecho constitucional básico, podrían haber hecho lo mismo en este caso, habida cuenta de lo excepcional de la situación. También podían haber modificado en el sentido necesario la Ley de Extranjería por medio de un decreto-ley, mecanismo al que tantas veces recurren. Aunque al cabo del mes la reforma no hubiera sido ratificada, los treinta días de vigencia habrían bastado para retornar a los inmigrantes y resolver el problema. Este ardid no es en absoluto nuevo para ellos.
Marruecos se ha ofrecido a acoger a los menores siempre que España suspenda, en esta ocasión, la exigencia de los compromisos que nuestras normas establecen. No se entiende que, haciéndole caso a Marruecos en tantas cosas contrarias a nuestro interés nacional, no se lo hagamos en esto que es, al contrario, coincidente con él. La suspensión que exige Rabat podía haberse logrado también con un decreto-ley que luego no hubiera habido problema en convalidar con los votos de PP, Vox, Junts y seguramente también PNV, además del PSOE.
No se trata de incompetencia o torpeza. Sencillamente, de la misma forma que fueron advertidos de uno u otro modo de lo que iba a pasar y no hicieron nada, tampoco se quiere arreglar ahora con alguno de los numerosos recursos de que disponen. ¿Por qué? Pues porque, como en su día dijo Zapatero, necesitan tensión. La inmigración ilegal es uno de esos asuntos en los que el PP tiende a extremar sus posiciones por no perder apoyo electoral, lo que a su vez le aleja del votante moderado. Y la exigencia moral de atender a los problemas humanitarios que conlleva esa inmigración es algo que une a muchos españoles de toda ideología. Tener este asunto constantemente en los medios de comunicación conviene al Gobierno, que le echará la culpa a Vivas, al Supremo, a la oposición, a la Unión Europea y al lucero del alba. Y mientras tanto, que pasen los meses sin hablar de la corrupción del PSOE, al menos no más que del ático de Ayuso. No es incompetencia, es malicia. O quizá, más propiamente, maldad.