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Gibraltar seguirá siendo Gibraltar

La cuestión esencial es si nuestro Gobierno sabrá defender los intereses de España en su conjunto frente a los de la economía del Campo de Gibraltar.

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David Alonso Rincón

Es curioso que la derrota del Reino Unido en el primer round de la negociación del Brexit haya sido saludada en Gibraltar como una victoria. Es curioso, desde luego, pero también natural, porque los intereses de Gran Bretaña, en la medida en que a ésta le convenga irse de la Unión Europea, son contrarios a los de Gibraltar. Y lo son porque a la colonia no le conviene en absoluto que la nación a la que pertenece salga de la Unión. Lo que han venido a acordar Bruselas y Londres es que, hasta que finalice el período de transición, el 31 de diciembre de 2020, casi dos años después de que Reino Unido deje de formar parte de la Unión, continuará habiendo libre tránsito de capitales, mercancías y personas con total sometimiento a las normas europeas. Y sin que Londres pueda intervenir en el proceso de elaboración de esas normas. Sigue pendiente qué reglas regirán las relaciones después de esa fecha.

Lo que sin lugar a dudas es un gol por toda la escuadra al Gobierno de Theresa May supone para Gibraltar una prórroga de 21 meses a su privilegiado estatuto, aunque el acuerdo al que han llegado ambas partes deja a salvo el derecho de España a negociar la situación de Gibraltar conforme a nuestros más estrictos intereses. No obstante, el nuestro ministro de Exteriores se ha apresurado a declarar que España no tiene intención de imponer que Gibraltar quede fuera de la UE durante el período de transición. ¿A cambio de qué? Probablemente de nada.

Ahora, la cuestión esencial es qué pasará después. Podemos y Francia Insumisa, o sea, los comunistas de toda la vida, españoles y franceses, se proponen unir fuerzas contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales dentro de Europa. Uno de sus principales objetivos debería ser acabar con la situación de privilegio de que disfruta la colonia británica, un paraíso fiscal amamantado a costa de nuestra Hacienda. Sin embargo, ya verán cómo Pablo Iglesias se morderá la lengua antes de pedir formalmente el cierre de la verja o cualquier otra medida que tienda a ahogar a la parasitaria economía de la colonia.


Pero la cuestión esencial es si nuestro Gobierno sabrá defender los intereses de España en su conjunto frente a los de la economía del Campo de Gibraltar, que vive en parte de la mera presencia de ese paraíso fiscal en nuestro territorio. Porque uno de los problemas que padece esta España regionalizada consiste en que los intereses circunstanciales de quienes viven en determinadas regiones o áreas prevalecen habitualmente sobre los del conjunto. Por eso nadie, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la nación, parecen dispuestos a poner en peligro el empleo de los 13.000 trabajadores españoles que cruzan todos los días la verja ni los intereses de quienes se benefician del dinero que gastan en la Costa del Sol los evasores que, delincuentes o no, protegen del fisco parte de su capital en la colonia. Y de paso, casi sin querer, también seguirán beneficiándose contrabandistas y narcotraficantes. Lo de siempre.

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