La izquierda plantea el debate acerca de la inmigración ilegal con el burdo maniqueísmo de calificar de buenos a quienes son favorables a tolerarla y de malos a quienes quieren restringirla. Naturalmente, el planteamiento tiene trampa, pues, si la inmigración ilegal fuera buena, lo que habría que hacer es legalizarla. Y nadie propone esto. En realidad, el debate se limita a si debe sancionarse con la deportación la entrada ilegal en España. Los que creen que los ilegales no deberían ser expulsados defienden que se les tolere permanecer en el territorio nacional ilegalmente como un acto de generosidad. Esta solidaridad no llega a defender que se les dé permiso de trabajo porque entonces podrían competir con los trabajadores españoles y hacerlo por un sueldo inferior, y eso no está dispuesto a propugnarlo nadie porque no sería muy popular entre los trabajadores afectados. De manera que lo que se defiende es que a los ilegales se les tolere residir ilegalmente sin permiso de trabajo y, por lo tanto, y esto no lo dicen, abocados a mantenerse realizando actividades ilegales.
De esta mano de obra se benefician empresarios sin escrúpulos que abusan de la situación de ilegalidad en la que se encuentran esos inmigrantes. Incluso en el caso de que sean contratados para actividades perfectamente legales, como el trabajo en el campo, la imposibilidad de contratarles legalmente ofrece la oportunidad de hacerlo por sueldos de hambre, en condiciones insalubres y, por supuesto, sin tener que pagar la costosa Seguridad Social. No hablemos de las ventajas que esta mano de obra ofrece a quienes se dedican a actividades ilegales, desde la prostitución hasta el top manta.
De manera que alrededor de la inmigración ilegal no sólo florecen los negocios de las mafias que cobran más de 5.000 euros por dar a los inmigrantes un pasaje en una patera, o de las ONG que reciben subvenciones y donaciones por colaborar con aquéllas y trasladarlos a Europa. Prosperan asimismo los empresarios que los emplean ilegalmente en actividades legales y sobre todo los de quienes los reclutan para actividades ilegales.
Especialmente para estos últimos, la afluencia de inmigrantes ilegales es esencial para que el negocio pueda mantenerse. Si la empresa está dedicada a vender películas pirateadas o copias de objetos de marca, ¿cómo podría sostenerse sin manteros que no tienen alternativa real a venderlos por la calle? Si la empresa se dedica a la prostitución, ¿cómo competir favorablemente ofreciendo servicios baratos sin inmigrantes que, por no tener otra forma de obtener ingresos, se ven obligadas a dedicarse a esa actividad? Y eso, dando por supuesto que lo hacen más o menos voluntariamente.
No dudo de que la mayoría de los políticos que defienden la tolerancia con la inmigración ilegal obran de buena fe. Pero sospecho que algunos de ellos, aunque no sé quiénes, lo hacen para defender los intereses de esos empresarios sin escrúpulos y son debidamente recompensados por ello. Si son capaces de corromperse por cualquier cosa, ¿por qué no iban a hacerlo también por esto?