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La dimisión según Rajoy

Curiosamente, todos estos hechos, mucho más merecedores de una dimisión que las peripecias de Cifuentes, son actos dirigidos a menoscabar el buen nombre de nuestros jueces.

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Mariano Rajoy | EFE

Quien quiera que sea que vaya a sustituir, por sí o por persona interpuesta, a Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid ha conseguido que Rajoy fuerce su dimisión por dos asuntos absolutamente menores hallados tras un escrutinio de su pasado que casi ningún político superaría. Lo del máster es más un problema de la universidad que lo regaló que de quien lo recibió. Y lo del vídeo del Eroski afea más la conducta de quien lo conservó ilegalmente que de quien aparece en él.

Estos comportamientos inequívocamente censurables son peccata minuta en comparación con actuaciones gravísimas de tres ministros de Rajoy durante estos últimos días. Montoro, desde su privilegiado puesto al frente del Ministerio de Hacienda, que intervino las cuentas de la Generalidad, afirmó contra toda evidencia y en beneficio de los golpistas que no se gastó un euro público en la organización del referéndum ilegal. Semejante afirmación, amén de falsa, ha cubierto de dudas la actuación de nuestro Tribunal Supremo, no sólo en España, sino sobre todo en el exterior. Decir ahora, como ha dicho el ministro, que quizá la Generalidad falseó sus cuentas no hace más que añadir desdoro a su actuación, pues él es el responsable de descubrir cualquier falsedad contable cometida.

Alfonso Dastis, ministro de Exteriores del Reino de España, es el encargado de defender nuestra Constitución, nuestras leyes y la independencia de nuestros tribunales frente a Gobiernos y tribunales extranjeros. Todos ellos, Constitución, leyes y tribunales, han sido puestos en entredicho impunemente no sólo por jueces sino por algunos políticos extranjeros. Y lo único que ha sabido balbucear nuestro ministro, no sé en cuántos idiomas, es que se trata de pequeños malentendidos aclarados en conversaciones privadas.

Por último, el ministro de Justicia se ha permitido, sin aportar ninguna prueba, arrojar dudas sobre la salud mental de uno de los magistrados que ha tenido el penoso encargo de juzgar los repugnantes actos cometidos por una banda conocida con el revelador nombre de la Manada.

Curiosamente, todos estos hechos, mucho más merecedores de una dimisión que las peripecias de Cifuentes, son actos dirigidos a menoscabar el buen nombre de nuestros jueces. Y no deja de ser más curioso que esto ocurra después de que nuestro Poder Judicial, con el respaldo del rey, se haya puesto a combatir con nuestras leyes el golpe de Estado que los independentistas catalanes han pretendido dar en Cataluña mientras el Gobierno hace lo que puede para devolverles el poder.

El caso es que Rajoy fuerza la dimisión de una presidenta de la Comunidad que quizá se postuló para sucederle arropado por el aullido de casi todos los medios de comunicación y mantiene en sus puestos a tres ministros que han dado muchos más motivos para ser cesados por sus agresiones al Poder Judicial. Y las protestas de los medios de comunicación apenas se oyen. Y, naturalmente, nadie ha hurgado en su pasado.

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