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Las otras víctimas de la Parot

El juez que con pasmosa celeridad ordenó las liberaciones que la negociación con ETA exigía se sienta hoy en el Consejo General del Poder Judicial.

Emilio Campmany
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Ha sido detenido el Violador del Ascensor, acusado de haber violado a dos mujeres y de haberlo intentado con otras dos. Pedro Luis Gallego fue puesto en libertad después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a España por mantener en prisión a una etarra a la que se había aplicado la Doctrina Parot. Sin embargo, esa sentencia tan sólo obligaba a poner en libertad a la terrorista y a nadie más. A pesar de ello, la Justicia española, tan exasperadamente lenta en los asuntos que afectan a los ciudadanos comunes, se apresuró con velocidad fulmínea a excarcelar a todos los que seguían en prisión como consecuencia de la citada doctrina, la mayoría de ellos terroristas etarras.

Nadie discute la justicia de la doctrina. El problema proviene de que fuera una doctrina jurisprudencial en vez de una ley. Pero si hubiera sido implantada por ley, lo que la habría blindado frente a Estrasburgo, la Doctrina Parot no habría podido ser aplicada a los delitos ya cometidos y mucho menos a los terroristas que estuvieran ya en la cárcel. Pudo ser aplicada retroactivamente porque era la interpretación de leyes en vigor cuando los atentados se cometieron.

Luego llegó la negociación con la ETA y su exigencia de derogar la Doctrina Parot. Como habría sido una vergüenza que el Tribunal Supremo renegara de su propia doctrina o el Constitucional declarara inconstitucional lo que ya había dicho que era perfectamente conforme con la Constitución, lo único que podía hacerse era que una ley excluyera la interpretación que la Doctrina Parot entraña. Sin embargo, eso habría sido visto como lo que era, una concesión a ETA. La solución que se encontró fue aparentar que la derogación de la doctrina venía impuesta por el Tribunal de Estrasburgo. Y así se hizo. El Gobierno español no sólo no se defendió, sino que encontró el modo de lograr la sentencia condenatoria que sirvió de pretexto para conceder a la ETA lo que ésta le había exigido. Conseguida la sentencia, bastaba extenderla a todos los terroristas que seguían en la cárcel por la doctrina tachada. Pero tal extensión alcanzó también a los presos comunes que estuvieran en las mismas condiciones. Entre otros, se benefició este violador del ascensor. El juez que con pasmosa celeridad ordenó las liberaciones que la negociación con ETA exigía se sienta hoy en el Consejo General del Poder Judicial.

Por no querer el Gobierno asumir sus responsabilidades en la negociación con ETA y por la disposición de los jueces a hacer lo que el Gobierno les pida, cuatro mujeres han tenido que sufrir una agresión sexual. Al violador lo volverán a condenar y lo devolverán a la cárcel, pero los últimos responsables de esas violaciones seguirán en sus poltronas tan satisfechos de los muchos servicios que rinden a España.

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