Es lo que aconsejó el director general de la Organización Mundial de la Salud el 16 de marzo. Para comprender el fundamento del consejo no hace falta ser un experto epidemiólogo. Si supiéramos quién está infectado y quién no, sería mucho más fácil contener la epidemia. Sin embargo, pasado un mes desde que recibimos este consejo, España no tiene tests. No sólo no podemos hacer pruebas masivas, sino que tampoco tenemos capacidad para hacérselas a todos los que presentan síntomas. Ni siquiera podemos hacérselas a los sospechosos de haber muerto por el covid-19 y, por lo tanto, tampoco sabemos cuántos mueren realmente como consecuencia de haberse contagiado. Tampoco ha sido el Gobierno capaz de poner en marcha la especie de encuesta que proyectó, consistente en hacer el test a unas 60.000 personas escogidas por métodos demoscópicos con idea de tener una idea del número de infectados. Todo esto nos impide a su vez saber la marcha de la curva porque no sabemos cuántos se contagian en España ni cuántos mueren como consecuencia de haberse contagiado.
Por si fuera poco, el Gobierno se dejó timar en dos ocasiones por el mismo proveedor y compró partidas de tests falsos o simplemente inútiles y se niega a dar el nombre del intermediario que nos engañó, cercenando el derecho que tenemos a saberlo, puesto que se pagaron con nuestro dinero. Encima, el Gobierno publica este martes una orden por la que restringe quizá ilegalmente el derecho de los españoles a hacerse el test en un laboratorio privado. Tampoco se tiene noticia de que el Gobierno, ante su incapacidad para hacerse con tests en número suficiente en el mercado internacional, haya intentado que nuestros laboratorios, que los tenemos y muy buenos, fabriquen tests de la mejor calidad exigible y en el mayor número posible.
Este conjunto de hechos delata una monstruosa incapacidad por parte del Gobierno. Pero es tal la ineptitud que todo hace sospechar que hay algo más. No son sólo las comisiones que puedan estar cobrando determinados intermediarios. No es sólo el deseo enfermizo de que toda solución tenga que provenir del sector público y se desdeñe cualquier ayuda que pueda proceder del sector privado. Hay que preguntarse si no tendrá el Gobierno interés en que no sepamos, al menos por ahora, cuántos contagiados hay en España. Por supuesto, la falta de tests masivos ha impedido saber cuánto pudo haberse disparado la curva de contagios a consecuencia del nefasto fin de semana de las manifestaciones feministas. Pero ahora, pasado un mes, empieza a no tener sentido tamaña cerrazón. Incautar los tests adquiridos por una empresa para saber qué empleados están contagiados no es inepcia. Cabe que el Gobierno no quiera que se conozca el alto número de contagiados que muchos se temen que hay en España porque eso pondría en evidencia su irresponsabilidad y la de sus ideologizadas decisiones. Evidentemente, cuanto más se tarde en tener ese dato, más disuelta quedará esa responsabilidad. Si fuera como digo, constituiría literalmente un delito que, por muy difícil de probar que fuera, no dejaría de ser gravísimo.