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BOLIVIA

El pueblo, contra el autoritarismo de Morales

La suspensión del gobernador del Beni, Ernesto Suárez, y la resolución de aprehensión contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, han supuesto un agravamiento del acoso judicial que padecen los principales líderes democráticos del país.


	La suspensión del gobernador del Beni, Ernesto Suárez, y la resolución de aprehensión contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, han supuesto un agravamiento del acoso judicial que padecen los principales líderes democráticos del país.

El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) sufre un desgaste acelerado, de ahí las derrotas que ha experimentado en las elecciones judiciales y en las elecciones municipales de Quillacollo y Sucre. Los golpes antidemocráticos a los únicos gobernadores de oposición que quedan son la reacción desesperada de quien, habiendo perdido la popularidad, recurre a la fuerza para conservar el poder y busca el aniquilamiento judicial de cualquier líder de opinión disidente o de cualquier posible adversario electoral.

Cómo entender, si no, que una semana que comenzó con una Cumbre Social convocada por el Gobierno para concertar con distintos sectores una nueva agenda nacional terminara con una sesión de la Asamblea Legislativa del Beni en la que se suspendía al gobernador de dicho territorio, en lo que representó un atropello a las normas constitucionales y los derechos humanos. Exactamente un año antes se había procedido de la misma forma contra el gobernador de Tarija, Mario Cossio, que hoy vive como refugiado político en el Paraguay.

¿Cuál es la lógica de esta contradicción entre dar, por un lado, imágenes y gestos de concertación y, por otro, golpear a las autoridades electas? Vemos contradicciones en el seno del Gobierno, reacciones autoritarias ante derrotas electorales, pérdida de popularidad del Ejecutivo y un plan para consolidar un régimen de partido único mediante la inhabilitación legal y el linchamiento moral de los principales referentes de la oposición democrática.

La democracia se encuentra cada vez más limitada, el pluralismo está en vías de extinción y los derechos fundamentales –como la libertad de expresión, el proceso debido, la presunción de la inocencia y el entendimiento de los casos por tribunales imparciales e independientes–, en franca desaparición. Mediante la persecución selectiva a quienes puedan encarnar un liderazgo alternativo, ya sea desde los medios de comunicación, las organizaciones indígenas, la misma Iglesia o las organizaciones políticas, se procura amedrentar y adormecer al conjunto de la población.

Paradójicamente, está siendo el pueblo el que le está diciendo al MAS que no va a perpetuarse en el poder por ese camino. La multitudinaria recepción de la ciudad de La Paz a los machistas indígenas del Tipnis y las derrotas electorales sufridas por el partido del presidente Evo Morales en los últimos dos meses son pruebas irrefutables de que el pueblo no aceptará el autoritarismo y lo rechazará por las vías pacificas y democráticas que, en el mundo moderno, han triunfado sobre Gobiernos que abusan del poder y violan los derechos humanos.

 

© El Cato

ÓSCAR ORTIZ ANTELO, expresidente del Senado boliviano.

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