Todos estamos genuflexos ante Miguel Carcaño. Suplicándole que nos diga dónde están los restos de su víctima para darle reposo. Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, la joven que Carcaño asesinó y escondió, ha ofrecido veinte euros semanales al criminal y 18.000 una vez que salga de prisión para que pueda rehacer su desastrosa vida si le dice dónde arrojó el cuerpo de su hija.
Carcaño ha respondido a este contrato de la desesperación que ha estudiado la propuesta y que no le "compensa". Vean que no dice que no sepa dónde está Marta, ni que no pueda recordarlo, sino que el dinero no le es bastante por la molestia, o quizá porque tendría que comprometer a otros.
Esto lo dice Carcaño, al que solo falta que la exjueza Carmena ponga en la calle cualquier día, después de haber confundido a la Policía en al menos siete ocasiones y hecho gastar enormes cantidades de dinero público en búsquedas disparatadas por estar viciadas de origen. Estamos indefensos ante asesinos como Carcaño, que matan y ocultan con impunidad. No podemos hacer nada y a los políticos nada se les ocurre. Estamos tan desesperados que hemos dado en creer en la magia del georradar o de la onda P-300.
Ignacio Cosidó, director general de la Policía, ha recogido una iniciativa que vengo predicando hace mucho por las televisiones: hay que crear una superbrigada que revise los casos sin resolver, especialmente difíciles o especialmente mal investigados. Cosidó acaba de activar la Brigada de Análisis y Revisión de Casos. Ahora sólo le falta que las investigaciones oficiales españolas dejen de ser las que menos recurren a la esfera privada. ¿Para qué estudian los españoles Criminología en las universidades? Desde luego, no para que los políticos lo aprovechen ni mejoren la seguridad. Lo mismo pasa con los detectives.
De modo que, como nadie está estudiando la solución, seguimos con el problema. Una cuota de crímenes sin resolver demasiado elevada que se hace pasar como normal, un montón de casos crónicos en los que las familias piden justicia y nunca la obtienen, un puñado de asesinos que tienen a la sociedad en un puño porque son prácticamente los únicos beneficiarios del sistema judicial más supuestamente garantista de Europa. Pero en eso llegó la exjueza Carmena y se puso al habla con jueces en activo, que, según dice, están desesperados, y se ha propuesto abrir las puertas de las cárceles de par en par.
En la campaña electoral de las recientes municipales y autonómicas no ha habido un solo político que hablase de seguridad. Precisamente los ayuntamientos son los llamados en un futuro a garantizar la seguridad por proximidad y sentido común, como en Estados Unidos, donde los alcaldes son los verdaderos jefes de la policía. La ausencia de seguridad en las propuestas de la política convierte esta en una suerte de lotería negra: al que le toca que le roben o que le maten una hija paga la cuota de una civilización tan mirada que no encuentra otro método para que los asesinos digan dónde esconden a sus víctimas que ofrecerles dinero y retirar las demandas o pedírselo por favor.
Antonio del Castillo, sobra decirlo, todos somos Antonio del Castillo, forma parte de la cuota negra. Le ha tocado. No hay iniciativas ni propuestas para que su familia pueda cerrar el duelo. Detrás de él hay una larga lista de familias encrespadas y dolidas porque no se encuentra al criminal o a sus desaparecidos. Cosas que podrían resolverse con soluciones racionales o incluso con pactos y acuerdos. Tal vez la nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía empiece enseguida a trabajar, porque ya van con mucho retraso y tienen un plazo político verdaderamente corto: menos de cinco meses. Espero que al menos Cosidó haya metido auténticos pata negra, reyes de la agilidad y la resolución. Porque luego viene Carmena.