Los políticos han firmado un pacto de Estado para la lucha contra lo que llaman violencia de género, nombre impropio. Seguro que ha tenido algún efecto, aunque no se note, porque el asesinato de mujeres maltratadas no cesa. Hace unos días se descubrió el cuerpo de una mujer salvajemente atropellada en la A-5, provincia de Toledo. En principio parecía un accidente, pero en mi opinión es un asesinato en el que se ha utilizado el automóvil como arma. Judicialmente se ha calificado como "homicidio doloso", pero ya digo.
Se trata de un suceso protagonizado por personas de etnia gitana, como pudorosamente se dice en esta sociedad tiquismiquis, más partidaria de disfrazar que de curar y de envolver los crímenes en papel de regalo. El caso es que, según la madre de Dolores Vargas, la víctima, ésta venía siendo maltratada y golpeada desde hacía dos años. Toda la familia sabía que el presunto homicida amenazaba y hacía objeto de violencia física a su compañera. Hasta el punto de que solo quince días antes de darle muerte embistiéndola con el coche, y dando marcha atrás para pasarle varias veces por encima, le había propinado tal paliza que la dejó inconsciente en la puerta del hospital, arrojándola como un fardo.
Pese a esta situación escandalosa, los amigos, conocidos y parientes guardaron silencio, permitiendo que la tortura siguiera y el crimen se consumara.
Está la incógnita de la falta de denuncia del hospital, que debería haber puesto los hechos en conocimiento de la Policía, y espero que se aclare si lo hizo, y si fue así, por qué la Policía no tuvo tiempo de actuar.
La muerte de esta mujer revela que la lucha contra el maltrato no pasa en muchas ocasiones de una verbosidad combativa que suele quedar en nada o en pulseras de control obsoletas o en órdenes de alejamiento que se no se cumplen o en presunta seguridad que se transforma en una situación falsa, en la que la víctima muere confiada pensando que estaba segura.
En este caso, además hay quien trata de explicar que no se denunció por la llamada ley gitana, como si fuera respetable la bárbara costumbre de tomarse la justicia por propia mano o mantener a la mujer oprimida porque es una vieja tradición de privilegios viriles hoy derogados. Aquí no hay más ley que la que es igual para todos, y cualquier cosa parecida que pueda esgrimirse contra las mujeres debe ser derribada sin contemplaciones. No hay leyes de clan que valgan, ni tío páseme usted el río. El gitano que maltrata, como el payo, debe ir al trullo lo antes posible, para que todo el mundo me entienda.
Y además la ley debe hacer lo necesario para ser respetada y disuasoria. A lo peor es necesario reformarla, adaptarla, reorientarla, enfocarla, actualizarla; en definitiva, hacerla eficaz. Porque, dígase en alto y de una vez por todas: las declaraciones institucionales, el goteo insuficiente de los presupuestos, la multiplicidad de servicios que aparentemente sirven a la lucha contra la violencia que oprime a la mujer, deben ser revisados. El sistema no funciona, hace aguas por todos lados, aunque bocas interesadas traten de justificarlo.
El asesinato de la A-5 era, como diría García Márquez, una muerte anunciada. Decir que fue un "homicidio doloso" es para mí extrema timidez cuando concurre la alevosía, que es lo único que ya define al asesinato, que antes tenía la premeditación y otras hierbas. Aquí la víctima murió sin poder defenderse y los testigos que viajaban con el homicida saben que fue con saña.
La pobre Lola estaba amenazada de muerte, herida, torturada y esclavizada sin que ni siquiera quienes la querían se atrevieran a defenderla. Gitanos y payos sorprendidos por igual de que su inacción acabara con el cadáver tendido en la cuneta y el autor huyendo entre Vallecas y las Tres Mil Viviendas de Sevilla, lugares donde las mujeres deben rebelarse contra el maltrato, sean payas o gitanas. Y a ver si se nos quita tanta tontería.