La crisis del PSOE en Madrid sigue siendo el centro de atención de los editoriales de prensa, excepto en El País que, por segundo día consecutivo, guarda al respecto un clamoroso silencio editorial. El otro asunto más comentado es la manifestación organizada y protagonizada por Fidel Castro en la que se ha embestido contra el Gobierno español al que se le ha adjudicado el honor de ser el artífice de las sanciones aplicadas por la UE contra la dictadura cubana.
La convocatoria de unas nuevas elecciones como solución al conflicto en la Comunidad de Madrid sigue protagonizando el culebrón desatado por la deserción de Tamayo y Saez. Como recordarán los lectores, esta era la vía de solución planteada por todos los diarios —excepto El País— en sus primeros comentarios. Lo más relevante es el cambio de opinión al respecto de El Mundo. Lo que el primer día era en su editorial una imperativa y destacada exigencia al PP, El Mundo la mantenía ayer, aunque ya “escondida y entreverada entre otras consideraciones” como advertíamos en nuestra Revista de prensa.
Pues bien, hoy El Mundo ya no sólo no defiende esa vía de solución sino que considera que a las reticencias de los socialistas “les asiste una parte de razón al argumentar que si se convocan elecciones de forma inmediata, Tamayo y Saez se habrían salido con la suya de impedir un Gobierno PSOE-IU”.
La convocatoria de unas nuevas elecciones, por el contrario, dejaría sin efecto la influencia de estos dos personajes, a no ser que los del PSOE volvieran a cometer la irresponsabilidad de incluir en sus listas a quienes hoy no se cansan de calificar de “indeseables corruptos”.
Por otra parte, tras las nuevas elecciones ya no serían Tamayo y Saez quienes “impedirían un Gobierno PSOE-IU”, sino la voluntad de los votantes madrileños. Dar por segura —como hace El Mundo— una mayoría absoluta del PP no es otra cosa que reconocer que el pacto del PSOE-IU contra la lista más votada era, en realidad, una violación de la voluntad de los madrileños. Como reconocimiento implícito de la ilegitimidad de ese pacto, no está nada mal si tenemos en cuenta que lo hace el diario que ha defendido y celebrado esa alianza como ningún otro.
El Mundo no puede dejar de reconocer que Aguirre “ha actuado con altura de miras al negarse a gobernar la comunidad dependiendo de dos tránsfugas”, sin embargo, su editorialista considera que “la pretensión de la candidata —la misma, insistimos, que la de
Hombre, lo que hace “estéril” la estrategia de Zapatero es la negativa de los desertores a devolver el escaño. A no ser que se vea bien la posibilidad, dentro de ese “estrategia” de evitar nuevas elecciones, de que la coalición PSOE-IU gobierne con el apoyo de esos “indeseables corruptos” recientemente expulsados del partido...
El Mundo creía que exigiendo al PP “altura de miras” podría favorecer al PSOE. Ahora descubre lo que El País percibió desde el primer día: Que unas nuevas elecciones tampoco sacan del entuerto al PSOE. Ahora ya no las reclama y se escuda en un inconcreto “consenso” entre PP y PSOE, como si ambos partidos tuvieran la misma responsabilidad en el caos al que estamos asistiendo.
Y es que también es muy relevante que El Mundo guarde silencio en una cuestión que, con retraso, ya va siendo percibida por el resto de los diarios, como es la de las responsabilidades políticas. Así, ABC advierte que “en el PSOE no ha habido una sola dimisión, lo que demuestra un concepto muy indulgente de la propia responsabilidad. La realidad, sin embargo, pone a Tamayo y Saez en las filas socialistas desde hace muchos años, ocupando puestos en los órganos del partido, trabajando en el círculo cercano al equipo que aupó a Zapatero a la Secretaría General y metidos en la candidatura del 25-M a la Comunidad de Madrid, a pesar de que Tamayo tenía un expediente en el Comité de Ética del partido. Dar la espalda a estos hechos, tercos y pesados, para convertir al PP en blanco de sus requerimientos merma aun más la capacidad del PSOE para tomar la iniciativa en la solución de la crisis”.
La Razón presta atención a los “navajeos” internos en el PSOE entre Blanco y Leguina a propósito de la responsabilidad en la inclusión de Tamayo y Saez en las listas. Este diario hace también, aun con retraso, unas oportunas consideraciones a nivel nacional señalando que “las próximas elecciones generales van a suponer para Zapatero un desafío doble: Por un lado, disputa la Presidencia de gobierno, por otro, si pierde, será el blanco de una campaña que en estos días comienza a tomar forma”. Amplios sectores del PSOE hablan de ejecutiva débil, secretarías de diseño y de falta de posiciones ideológicas firmes”.
Ciertamente el silencio editorial de El País no haría más que confirmar esa “campaña que empieza estos días a tomar forma” contra Zapatero. En cualquier caso, ante lo que el diario de Prisa no guarda silencio editorial es ante la más que cuestionable sentencia por la que el Supremo obliga al Estado a indemnizar a Canal Satélite Digital nada menos que con 26, 4 millones de euros.
La mejor arma de Polanco, la estulticia de sus competidores
Ni un solo competidor de Polanco se atreve a hacer comentario alguno ante esta sentencia, pese a lo mucho que nos va a costar a los españoles. ¿Es que no es relevante? ¿Es que no hay objeciones a esa sentencia? Si no las hay, ¿no creen que hay que reclamar responsabilidades al Gobierno por perseguir al pobre de Polanco al que habrá que pagar del bolsillo de los contribuyentes semejante pila de millones?
El País se puede así, sin réplica alguna, despachar a gusto a favor del Supremo y de su “condena al intervencionismo”. Si hay algún empresario que ha sido favorecido por el intervencionismo, desde los tiempos de Franco a nuestros días, ese es Jesús de Polanco. Su posición de dominio en los medios de comunicación es el fruto de toda una política intervensionista que le ha privilegiado como ha ningún otro grupo de comunicación en nuestro país. Pero El País aun se atrve a mentar la soga en casa del ahorcado.
Aun aceptando la torpeza inicial del Gobierno de tratar de restablecer la competencia con nuevas roscas de intervencionismo —lo que como previsible efecto perverso no ha hecho otra cosa que favorecer a Prisa—, el Gobierno, en lugar de optar por liberalizar los medios de comunicación, desde hace tiempo se ha rendido a los designios de Prisa. Sus competidores en la prensa escrita nunca denuncian sus privilegios, y si algún Tribunal se atreve a contrariarlo —como en la sentencia contra el antenicidio— ,ni el Gobierno la ejecuta ni el resto de diarios exigen al Gobierno que lo haga. Para colmo en la memoria de todos —incluidos jueces y magistrados— está el triste destino que le tocó a Gómez de Liaño por atreverse a contrariar a Jesús del Gran Poder. ¿Hay que sorprenderse ahora que el Supremo obedezca dócilmente ante los nuevos requerimientos?.
Puede haber “masoquismo político” por parte del PP, pero ¿qué nos dicen del “masoquismo mediático” del resto de medios de comunicación que no se atreven ni siquiera a preguntar en qué se ha basado el Supremo para cuantificar nada menos que en 4.500 millones de antiguas pesetas la indemnización por el supuesto perjuicio de marras?. Estaría bien saber la fórmula de cuantificación y pasar a calcular a cuanto asciende los beneficios que ha logrado Prisa gracias al Estado cuando permitió a Polanco —y sólo a él—el privilegio de tener una televisión de pago con Canal Plus. ¿Y a cuanto ascendería el beneficio que el Estado le ha procurado permitiéndole a Localia, al margen de la ley, emitir en cadena?. ¿A cuanto saldrían los beneficios que indirectamente logra Prisa por tener cercado el mercado de la televisión en abierto que impide el surgimiento de nuevos competidores y la aceptación por el resto del statu quo? ¿Y a cuanto asciende el beneficio que tuvo Polanco cuando el Gobierno del PSOE le dio vía libre para el antenicido y a cuento asciende el que le procura el Gobierno del PP al no obligar a ejecutar la sentencia?
El espectáculo mediático ante Castro
¿Y que decir del espectáculo mediático ante la chulería del más sanguinario dictador que haya padecido el continente americano?. ABC no lo comenta mientras el resto se limita a denunciar lo que ya sabíamos: el carácter represor y dictatorial del regimen de Castro. Ni un sólo diario exige al Gobierno de Aznar un endurecimiento de las suavísimas sanciones contra el regimen cubano, ni siquiera una llamada a consultas del embajador después de la retahíla de insultos que personalmente ha dirigido Castro contra Aznar.
Para El País “sería un error tensar la cuerda”. Y ¿que nos dicen de El Mundo que cita a Felipe González —han leído bien, no se trata si quiera de Zapatero— cuando dice que “Castro está como Franco cuando se estaba muriendo”. ¿Se refiere el editorialista a la liberalización política y, sobretodo, económica experimentada en España en los últimos años de la dictadura franquista? ¿O acaso está equiparando a los etarras con los disidentes cubanos, fusilados respectivamente por Franco y Castro?
Desde luego ya hay que ser parvenú en la denuncia del totalitarismo castrista para equiparar las manifestaciones y la agonia de ambas dictaduras. El colmo es que El Mundo cite a Felipe González como si este fuera algo así como una autoridad moral a la hora de denunciar la represión en la isla...
El Gobierno, en lugar de asumir como un honor que Castro señalara a Aznar como el principal artífice de las sanciones contra su régimen, ha respondido de forma acobardada. En lugar de responder ante los insultos con un mayor endurecimiento, Rato ha dicho que el Gobierno español "no ha sido el único", que la decisión de sancionar al régimen cubano "fue adoptada de forma consensuada por todos los europeos". Vamos, como si estuviera diluyendo una culpa.
Pero volvemos a lo de siempre, que es la responsabilidad de los medios. Si Rato y el Gobierno supieran que, al día siguiente de que Castro cometiera el agravio, los editoriales de los medios de comunicación españoles iban a reclamarle contundencia y nuevas sanciones, otro gallo -y no una gallina- cantaría. En lugar de eso, los editoriales se limitan a decir obviedades sobre la naturaleza represora de una dictadura que lleva ya más de 42 años de vigencia ante la que es "contraproducente" mayores medidas de presión.
El País da por perdido lo que El Mundo trata de salvar
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