Los enterradores de Montesquieu quieren más tajada

La amenaza de ruptura del Pacto por la Justicia efectuada por Zapatero y la apertura del año judicial son objeto de comentario editorial en todos los diarios. El Mundo y ABC se centran en las declaraciones de Zapatero sobre el Pacto y en la réplica de Aznar. La Razón también trata esta polémica pero se centra más en las críticas que ayer lanzó el Poder Judicial contra el Plan Ibarretxe. El País y La Vanguardia, finalmente, comentan la memoria de la Fiscalía General del Estado presentada también con motivo de la apertura del año judicial.

El Mundo hace balance del funcionamiento de este pacto. Para este diario, “la puesta en marcha de los juicios rápidos es, en general, bastante positivo, y ahora el reto importante que el ministro de Justicia quiere abordar es extenderlos a los pleitos familiares. También es una paso importante —prosigue El Mundo— la orden de protecciçón a las víctimas de la violencia doméstica”.

El Mundo considera, no obstante que “al PSOE le asiste la razón en la controvertida reforma del Estatuto Fiscal. No por el principio —correcto— de acabar con los puestos vitalicios en la carrera, sino por el aroma político que han desprendido algunos de los ceses”.

Pocas veces como esta, El Mundo ha evidenciado la esquizofrenia que padece respecto al actual secretario general del PSOE. Este diario viene secundando a Zapatero porque considera que su llegada a la secretaría general supuso una ruptura con el pasado felipista del PSOE. Es evidente, sin embargo, que desde la defenestración de Redondo Terreros, Zapatero no ha hecho otra cosa que seguir dócilmente las directrices de Cebrían & González, con lo que El Mundo, por seguir con ese respaldo, termina haciendo suyas muchas herencias y reivindicaciones típicamente felipistas.

Y es que felipismo del más puro es salir ahora reivindicando la continuidad de esos fiscales que, además de que fueron nombrados a dedo por González, han agotado en su cargo el plazo tras el cual, según el Pacto por la Justicia suscrito por el PSOE, podían ser ahora relevados. Si este último principio opuesto a los cargos vitalicios es “correcto” según El Mundo, ¿a qué santo viene ahora hablar del aroma político de algunos ceses?. Puestos a utilizar el sentido del olfato, no estaría de más que El Mundo apreciara el tufo político que trajo el nombramiento de estos fiscales a dedo por González, algunos tan patentes como el del muy progresista Jiménez Villarejo —tío de la candidata socialista Trinidad Jiménez— o el de Mariano Fernández Bermejo —ex asesor del ministro socialista Ledesma y posible consejero de Simancas.

Como comprenderán los lectores no pretendemos ahora negar la influencia política en el nombramiento de los poderes judiciales. Hemos sido quizá el único diario que ha criticado abiertamente, por esta razón, el tan cacareado Pacto de la Justicia denunciando que perpetuaba la falta de independencia y equilibrio entre poderes. Los demás diarios, sin embargo, cegados por el sacrosanto consenso no dirigieron, en este sentido, crítica alguna. El PP, lamentablemente, abandonó su tradicional aspiración de reinstaurar la independencia del poder judicial y con su pacto con el PSOE no vino más que a confirmar la “muerte de Montesquieu” decretada por los anteriores gobiernos socialistas.

Sin embargo, lo que el PSOE no puede pretender es que jueces y fiscales sean “una emanación del poder político y de las urnas” cuando son los socialistas los que tienen el poder, y pretender, al tiempo, que el signo de esa pretérita “emanación” se perpetúe cuando son ellos los que están en la oposición.

Es más, como oportunamente señala ABC, “desde el punto de vista parlamentario, el Pacto ha supuesto para la oposición un protagonismo directo y constante, que no admite comparación con tiempos pasados, en el desarrollo de las reformas legales de Justicia”.

No obstante, si Zapatero y El Mundo descubren ahora que el Pacto otorga “espacios de poder político en los órganos del Poder Judicial”, lo coherente sería volver al sistema de designación previo a Ledesma, denigrado por “corporativista” por los socialistas, y no reivindicar otro reparto que no se corresponde con su minoritaria posición en el Parlamento.

ABC, adiferencia de El Mundo no da margen alguno a la insostenible posición de Zapatero y abiertamente denuncia que “el discurso de Zapatero se ha notado la falta de sinceridad. Los motivos de su denuncia están en la ansiedad que exhibe el PSOE y en su deseo de marcar distancias con el Gobierno. El Pacto se tambalea, pero puede ser peor si en esta nueva estrategia de enfrentamiento Zapatero incorpora a su discurso lo que llamó la redefinición constitucional de la Justicia, argumento perfecto para quienes plantean la descentralización del poder judicial —es decir, la ruptura de su unidad—como parte del revisionismo federalista que tanto entusiasma en Ferraz. La justicia es simplemente la excusa”.

Ciertamente, esta última observación de ABC es crucial, y no sólo por las posiciones de los socialistas en Cataluña y en el País Vasco sino también en otras comunidades como Extremadura. Rodríguez Ibarra no ha disimulado precisamente la irritación que le provoca que su mayoría absoluta no tenga reflejo en el poder judicial.

Finalmente, El País se dedica a sembrar de dudas la veracidad de la memoria de la Fiscalía general del Estado que “ofrece una notable disminución del número de diligencias penales abiertas en 2002 respecto al año anterior. Le faltó tiempo a Aznar —prosigue El País para utilizar el dato como argumento a favor de su política sobre seguridad ciudadana y en contra de la amenaza de ruptura del pacto sobre la justicia lanzada ayer mismo por los socialistas para denunciar su supuesta instrumentalización por parte del Gobierno. Si quieren romper que rompan, dijo Aznar en su habitual estilo dialogante”.

En este único párrafo queda retratado todo el sectarismo de El País. Para empezar, la memoria de la Fiscalía no muestra una “disminución del número de diligencias penales abiertas en 2002 respecto al año anterior”, Por el contrario, y como el propio editorialista reconoce más adelante, la memoria muestra un incremento del 0,69 por ciento, incremento, eso sí, menor al 14,52 experimentado en 2001 respecto al 2000. En segundo, lugar lo positivo que pudiera tener este dato es denigrado simplemente porque es utilizado “como argumento por Aznar” a favor de su política aunque también podría ser achacable al pacto que ahora los socialistas amenazan con romper. Finalmente, El País critica irónicamente el escaso “estilo dialogante” de Aznar cuando ha sido Zapatero el que ha arremetido contra el Gobierno y el que ha hecho amenazas con romper el consenso. Aznar no ha hecho otra cosa que no querer contentar al que no se va a contentar y dejar claro que no es con amenazas como se reivindica el diálogo.

El País, al margen de esto, no profundiza en esta polémica y se dedica a cuestionar la veracidad de los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado. Para El País, “lo más llamativo es que este frenazo se haya producido incluso antes de materializarse el plan de lucha contra la delincuencia presentado por el Gobierno en septiembre de 2002, tanto en lo que se refiere al aumento de las plantillas policiales como a las reformas legislativas, incluidas la de los juicios rápidos puesta en práctica a mediados del presente año. Como si el mero anuncio de estas medidas —prosigue El País— hubiera tenido el efecto prodigioso de disuadir a los delincuentes: el no va más de la eficacia política”.

Vista la irónica desconfianza de El País, parecería que los datos de la Fiscalía General del Estado contradijeses algo así como a una especie de ley de dinámica social por la que el incremento de diligencias penales ha de aumentar inexorablemente de año en año a no ser que sean puestas en práctica reformas en el ámbito policial y judicial. Aparte de que esto no es así, la tasa de delincuencia ya había alcanzado unos altísimos niveles que se han visto incluso ligeramente aumentados en 2002. Así que, de “prodigio”, nada.

Por otra parte, El País no debería minusvalorar tanto el efecto disuasorio que puede tener el “mero anuncio” de reformas en los ámbitos policiales y judiciales aun cuando objetivamente no hayan entrado todavía en vigor. Los costes penales —como todo coste— son percibidos de forma subjetiva por el delincuente, por lo que no importa tanto que el delito se haya encarecido objetivamente como que los delincuentes crean que así va a ser a corto plazo. Hay innumerables estudios que demuestran, tanto teórica como empíricamente, que el simple anuncio de un cambio en el conjunto de incentivos y desincentivos a la delincuencia provoca cambios en la actitud del delincuentes antes incluso de que esa remodelación institucional entre efectivamente en vigor.

En cualquier caso, sea lo que sea lo que ha motivado el muy relativamente positivo dato que comenta El País, es mucho más lo que cabe esperar de esta reforma de la Justicia. Lo que, desde luego, no tiene sentido es que el PSOE se desmarque por el aspecto positivo que pueda encerrar el sacrosanto Pacto por la Justicia.