Aunque el editorialista de El País nos sorprendiera el pasado martes considerando "cuanto menos una imprudencia" afirmar que los atentados de Casablanca son una respuesta directa a la posición que ha mantenido el Gobierno de Aznar sobre la guerra de Irak" y que “nada demuestra que, de haber seguido el Gobierno del PP otra política, no se hubieran producido tales atentados”, el artículo de Felipe González que hoy publica El País prueba hasta que punto los medios de Prisa han seguido insidiosamente de cerca esa tesis de quienes consideraron editorialmente que “la oposición podría colocar los atentados de Casablanca en el otro plazo de la balanza contra el Gobierno".
Felipe González, ciertamente, no llega a tanto, pero no puede estar más cerca de esa tesis a la que, no sólo abiertamente no se opone, sino que insidiosamente brinda oxígeno al afirmar que “es un error negar la realidad o tratar de ocultarla con argumentos tan patéticos como el de la ministra de Exteriores, cuando sale al paso del riesgo afirmando que La Casa de España en Casablanca es una institución privada, no oficial”.
Que el argumento escogido por la ministra no haya sido acertado no supone, como González insinúa, que haya sido utilizado con el objetivo de negar la realidad de que los españoles —como muchos otros occidentales— son objetivos de los terroristas islámicos. Todo lo contrario. Ningún Gobierno y, concretamente, ningún ministro de Exteriores en la historia reciente de España se ha esforzado más en denunciar la realidad de esa amenaza como el Ejecutivo del PP, en general, y Ana Palacio, en particular.
Lo que la ministra de Exteriores quería rechazar con ese desgraciado argumento es que España, por la actitud de nuestro Gobierno en Irak, hubiera pasado a estar por primera vez en el punto de mira de los terroristas islámicos. Nuestro país ya lo estaba desde mucho antes, como demuestran los atentados sufridos por los españoles con anterioridad a los atentados de Casablanca de los que también resultaron víctimas, además, ciudadanos franceses. Y en cualquier caso, como decía el martes El País, “no se puede dar a los terroristas el papel de árbitros en el dilema moral que siempre supone decidir la participación de un país en una acción bélica”. Efectivamente, las decisiones del PP o del PSOE, por ejemplo, ponen en el punto de mira de ETA a sus concejales. ¿Habría por eso que cuestionar la actitud de ambos partidos?.
Dice hoy Felipe González que “actuar contra el terrorismo siempre implica asumir amenazas de los grupos violentos. Así ha sido siempre y será porque estos grupos actúan sobre el efecto acción-reacción, como hemos comprobado tantas veces”.
¿Qué quiere decir el ex presidente con esta pura obviedad por nadie cuestionada? ¿Acaso insinúa que para evitar “las amenazas de los violentos” hay que renunciar a “actuar contra el terrorismo”?. Por otra parte, en la relación causa-efecto, actuar contra el terrorismo no es la “acción” que causa las “amenazas de los violentos”, sino la “reacción” a las mismas.
Elogia, por otra parte, Felipe González a los Gobiernos de EE UU y Gran Bretaña por que “al menos son capaces de alertar a sus ciudadanos” sobre la amenaza del terrorismo internacional mientras que el Gobierno español, según el ex presidente, “niega la realidad, que sus propios servicios de inteligencia advierten, sobre la amenaza que pesa sobre nosotros”.
Pero ¿desde cuando Aznar niega esa realidad si su Gobierno y su partido son los que más acento ha puesto en no desvincular a España de las amenazas de los integristas, como ha vuelto a hacer ayer mismo, sin ir más lejos, su presidente?
Han sido, por el contrario, los medios y los partidos de la oposición, que hoy acusan a Aznar de no querer ver la amenaza, los que le tildaban de “paranoico” por situar a nuestro país en el punto de mira del terrorismo islamista. El País, sin ir más lejos, y a pesar de su aparente disconformidad del martes con El Mundo, no dudó en respaldar ayer mismo la mofa que este último diario hiciera un día antes sobre los “peligrosos terroristas” detenidos hace meses en Cataluña que han resultado inocentes pero que Aznar utilizó en su momento como prueba de que, cuando se refería a la amenaza que corríamos a manos de los integristas, “no hablaba de fantasías sino de realidades”.
Al margen de que la principal responsabilidad de este equívoco es de las autoridades galas —que fueron las que hicieron el requerimiento de las detenciones— y al margen de que la inocencia de estos detenidos no abarca a los muchos activistas de Al Qaeda apresados en nuestro país, sacamos a colación estas detenciones para recordar hasta que punto es insidiosamente injusto González al acusar ahora al presidente del Gobierno de negar la realidad de una amenaza advertida por Aznar mucho antes.
Lo que Aznar rechaza es que se cuestione la actitud de su Gobierno en la guerra de Irak con la falsa y, al mismo tiempo, cobarde y absurda tesis de que eso nos convierte por primera vez en objetivo de los terroristas islámicos. Falsa, por que ya antes habíamos sufrido atentados a manos de los islamistas; cobarde, porque cuestiona decisiones del Gobierno en base a la ira que ellas puedan provocar en los terroristas contra nuestro país; finalmente, absurda, por cuanto es planteada —conviene recordarlo— por quienes siempre se han negado a vincular a Sadam Hussein con el terrorismo islámico. Si tan desvinculado estaba, ¿cómo es que dicen ahora que lo que provoca la ira de los islamistas y sus atentados contra españoles es el apoyo de nuestro Gobierno al derrocamiento militar del “laico” Sadam?
El vigente desacato nacionalista
Lo más relevante que extraemos de nuestra lectura de prensa de este jueves son los editoriales que todos los diarios —con la excepción de El País y La Vanguardia — dedican a la nueva advertencia que el Tribunal Supremo ha dirigido al presidente del Parlamento Vasco en la que se señala que no disolver “Socialista Abertzaleak” es un atentado al Estado de Derecho. También comentaremos el largo artículo que Felipe González publica en El País, en el que el ex presidente del Gobierno vuelve insidiosamente a cuestionar la política del Gobierno frente al terrorismo islamista y a relacionar este último con el respaldo del Ejecutivo al derrocamiento militar de Sadam Husein.
Los coincidentes editoriales de ABC, El Mundo y La Razón se mueven, pese a su acierto, en el terreno de lo obvio: Las sentencias están para ser cumplidas por las que —nuevamente— estos diarios consideran que el Parlamento Vasco debe cumplir el fallo del Supremo.
A la luz de estos comentarios parecería que las formaciones nacionalistas, lejos de ser fieles a una ya hace tiempo anunciada voluntad de desacato, son más bien víctimas de un error de interpretación jurídica que le llevan de forma inconsciente o involuntaria a no ejecutar las sentencias tal y como nuestro ordenamiento jurídico y nuestros Tribunales desde hace ya mese vienen exigiendo. Se entiende que el Supremo en su fallo no juzgue intenciones y se limite a censurar el comportamiento de los nacionalistas, pero de los editorialistas se podría esperar algo más que esa repetición pedagógica de las consideraciones jurídicas por las que el comportamiento de los nacionalistas no se ajusta a la ley..
Aunque La Razón, en este sentido, advierte con acierto que el auto del Supremo “contiene una serie de consideraciones legales y jurídicas que, por su obviedad, no suelen reflejarse en las sentencias”, este diario termina, como hace ABC y El Mundo, por reiterar lo obvio. No negamos la necesidad que a veces hay de defender lo obvio —más cuando nos enfrentamos a los nacionalistas— pero hay que cuestionar la certeza y la candidez con la que algunos consideran que el auto del Supremo pone fin a una situación de desacato con la aclaración pormenorizada a manos de los magistrados.
Así, ABC ya considera que “el Supremo ha zanjado el desacato en que se había colocado el Parlamento vasco, por decisión de los grupos nacionalistas y de IU, al negarse a disolver el grupo parlamentario sucesor de Batasuna, Socialista Abertzaleak (SA)”.
Hombre, el desacato se “zanjará” cuando los nacionalistas accedan a que el Parlamento Vasco disuelva a SA. Hasta que no lo hagan, el desacato sigue vigente. Y no parece que por ahora vayan a cambiar. De hecho, El Mundo es el único en señalar que “la respuesta de PNV, EA e IU no se hizo esperar. Dejaron claro que no van a cumplir el fallo del Supremo, ya que a su entender atenta contra la autonomía de la Cámara”. Más adelante El Mundo reitera que “incluso IU anticipó ayer que podría plantear la existencia de un conflicto de jurisdicción entre el Supremo y la Cámara, lo cual es un dislate por que la ley no contempla esa posibilidad”.
No obstante, El Mundo se vuelve a deslizar con esas explicaciones de tipo jurídico que dan la equivocada impresión de que los nacionalistas e IU son víctimas de un desconocimiento y no de una deliberada determinación de incumplir la ley. Ningún diario recuerda, en este sentido, que Eguibar abiertamente invitó ya hace meses a los políticos de ETA a hacer conjuntamente un “plante al Estado”. Pero los editoriales se limitan estérilmente a informar a los que no quieren cumplir la ley de lo que la ley dice: “no existen dentro del Estado poderes autónomos o autoinmunes ya que todas las instituciones se rigen por el respecto a la legalidad vigente y, en última instancia, a la Constitución”.
Los editoriales no afrontan la realidad tal y como —una deliberada y sostenida voluntad de desacato— porque eso llevaría a otros la responsabilidad de hacer cumplir la ley a los nacionalistas que se niegan a aplicársela a la representación política de ETA. Sólo La Razón insinúa este punto cuando afirma que la “desobediencia a este auto por parte de cualquier responsable de la Cámara vasca supondría, por lo tanto, un grave atentado al Estado de Derecho, que tiene los medios jurisdiccionales precisos para corregirlo”.
Podemos dar más tiempo al tiempo y esperar ciertamente que los nacionalistas pongan fin a su reiterado desacato al Estado de Derecho, pero nada pasa por recordar ya abiertamente que será responsabilidad del Gobierno central el hacer cumplir a los poderes autonómicos las órdenes y sentencias de los Tribunales.
Resumen de prensa
Las portadas de los diarios destacan hoy las advertencias del Tribunal Supremo al Parlamento vasco para que disuelva ya el grupo parlamentario de ETA-Batasuna. La resistencia de los grupos que sustentan la mayoría en la Cámara vasca (PNV, EA e IU) puede considerarse como un delito de desacato, como indica El Mundo en su editorial.
Otros titulares en las portadas de la prensa de hoy son el Premio Príncipe de Asturias de Investigación a Jane Goodall, el nuevo pronunciamiento de la Junta Electoral Central sobre la presencia de lemas políticos en los colegios electorales, el seísmo registrado en Argelia y la petición del "número dos" de Al-Qaeda para que los suyos ataquen a occidente. Por su parte, La Razón lleva una nota exclusiva: "Ediles del PNV pasaron como gastos de trabajo hasta la gomina", dice.
ABC: "El TS advierte a Atutxa que atenta contra el Estado de Derecho si mantiene a Batasuna", "Aznar reclama al líder del PSOE en Bilbao que aclare qué va a hacer con sus votos el 26-M", "Zapatero anuncia que su intención es pactar en el País Vasco con el PP", "Jane Goodall, premio Príncipe de Asturias", "Una grabación atribuida al número dos de Al Qaida llama a los musulmanes a repetir el 11-S", "Un terremoto en Argelia provoca más de 250 muertos" y "Rosa León adelanta 'una oposición salvaje' si el PSOE pierde las elecciones" (en Madrid).
EL MUNDO: "El Supremo advierte a la Cámara vasca que no puede tener un grupo afín a ETA", "Gil deja el Atlético de Madrid tras 16 años de mala gestión y acosado por la Justicia", "El juez Estevill dice que chantajeó a varios empresarios y que Maciá Alavedra fue cómplice", "Aznar anuncia un decálogo para abaratar la vivienda el penúltimo día de campaña", "Centenares de muertos y miles de heridos en un terremoto en Argel que afectó a España" y "Jane Goodall, Príncipe de Asturias: 'Los monos también tienen alma'".
EL PAIS: "Aznar promete rebajas fiscales al alquiler de pisos en vísperas del 25-M", "La UE enviará 5.000 soldados a Congo para frenar las matanzas", "Los nacionalistas se resisten a disolver el grupo de Batasuna en el Parlamento" y "Cuatro años de cárcel a un periodista marroquí por 'ultraje al rey'".
LA RAZON: "Ediles del PNV pasaron como gastos de trabajo hasta la gomina", "Elorza se rebela contra Zapatero por no descartar pactos con el PP", "El TS acusa a Atucha de permitir el nexo ETA-HB", "Tres marroquíes iban a volar un avión civil", "Jane Goodall, premio Príncipe de Asturias de Investigación" y "Gil y Gil anuncia su marcha del Atlético".
LA VANGUARDIA: "Al Qaeda amenaza con acciones como la del 11-S", "La Junta Electoral ratifica el veto a los lemas políticos", "Un terremoto causa centenares de muertos en Argelia", "Un tribunal de Florida anula una supermulta a las tabaqueras" y "Jane Goodall: Premio a una vida dedicada a los chimpancés".
EL PERIODICO: "La junta electoral causa confusión a 4 días del 25-M", "Un seísmo causa una tragedia en Argelia", "La OMS acuerda prohibir la publicidad del tabaco", "El número dos de Bin Laden llama a los musulmanes a atacar a EEUU y sus aliados" y "El exjuez Estevill declara que aceptó sobornos del abogado Piqué Vidal".