Quizá no haya en España un político en activo que haya sido objeto de tantas denuncias falsas como el actual presidente de Murcia. Ignoro, sin embargo, si también es falsa la denuncia presentada contra él en marzo de 2015 por el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, marido de la abogada del PSOE en la región, Amparo Hornillos, que ha motivado que Pedro Antonio Sánchez haya acudido a declarar este lunes en condición de "investigado", no de "encausado".
De hecho, este artículo no tiene por objeto la defensa de la presunción de inocencia de Sánchez, sino denunciar el clamoroso y silenciado incumplimiento por parte de Ciudadanos de su propia proposición de ley de lucha integral contra la corrupción, que ha defendido en el Congreso y que fija la "inhabilitación o suspensión de cargo público, desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento", como línea roja.
A pesar de esto y de que en el propio pacto sellado entre Mariano Rajoy y Albert Rivera para la investidura del primero también se indicaba que el cese en el cargo se produciría cuando los representantes públicos hubiesen sido "imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción", es público y notorio que Ciudadanos ya hace días que ha pedido el cese del presidente de Murcia, contradiciendo todos estos compromisos acordados con el PP.
También quiero denunciar el uso torticero o la ignorancia inexcusable de tanto periodista que insiste –y hasta en los sitios más insospechados– en proclamar que Sánchez ya está "imputado", cuando lo cierto es que el presidente de Murcia ni está imputado ni lo podrá estar nunca, por la sencilla razón de que la condición de imputado ha sido erradicada de nuestro ordenamiento jurídico con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Precisamente, cuando Sánchez, este lunes, como en ocasiones anteriores, se ha referido con la expresión imputación formal al encausamiento, que sólo se produce una vez concluida la instrucción de la causa y con la apertura de juicio oral, como el momento procesal en el que se compromete a presentar su dimisión, no hace sino reiterar literalmente la misma interpretación que Ciudadanos ha hecho de a qué momento procesal corresponde la extinta figura del imputado.
Algunos consideran que esta precipitación por parte de Ciudadanos puede obedecer a la posibilidad de que el "Gobierno cuanto antes" de Mariano Rajoy decida convocar las terceras elecciones que no quiso convocar en diciembre. No lo sé, pero muy grave sería. En cualquier caso, la formación de Albert Rivera parece decida a seguir metiendo la pata tratando de desbancar del Gobierno murciano –sin que ningún compromiso escrito le obligue a ello– a una formación como el PP, que quedó a tan solo un escaño de la mayoría absoluta, a través de una moción de censura que no llegará a nada si no es con el infecto concurso de Podemos.
El tiempo dirá, por su parte, si el presidente de Murcia cumple o no su palabra de dimitir si hay apertura de juicio oral contra él. Por ahora sólo es momento de advertir que las denuncias falsas –ya sea presentándolas, ya sea haciendo uso torticero de ellas– son también una forma de corrupción, mientras que esperar para pedir el cese de Sánchez a que sea firme "la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento" no sería más que cumplir el compromiso que Ciudadanos ha adquirido una vez desaparecida la figura de la imputación.