Había razones para criticar a mi admirada Rosa Díez por lo muy "tranquila" que dijo haberse quedado tras desvelarle Rajoy su estrategia para impedir la ilegal consulta secesionista del 9-N; y también las hay ahora para criticar a Albert Rivera por la "iniciativa" con la que pretende demostrar no haber quedado atrapado en ese "consenso de la nada" que está tejiendo Rajoy frente al nuevo envite golpista de los separatistas catalanes.
El joven líder de Ciudadanos, que también consideró en su día que la consulta ilegal no se iba a celebrar en base a un pacto secreto entre Rajoy y Mas, propone ahora un pacto a PP y PSOE de cinco puntos, "muy pocos pero muy importantes", que, salvo el quinto, no son más que un cúmulo de obviedades, en tanto que no dejan de ser una reproducción de los pilares sobre los que se asienta la Constitución Española.
Ya sabemos que los constitucionalistas creen en la soberanía nacional, en la unidad territorial, en que la Constitución es el único marco en que se puede reformar España, en el proyecto europeo. Y ojalá sea verdad el punto quinto, que prohíbe gobernar de la mano de los que quieren romper con España. Sin embargo, lo urgente, desde hace años, es plantear una línea de defensa de estos principios que no se limite a su simple evocación. De lo que se trata es de detallar cómo se va a sofocar desde el ámbito financiero, penal y político el golpe institucional que los separatistas vienen perpetrando desde hace años. De lo que se trata es de hacer pública una hoja de ruta en defensa de la unidad de España como la que, para hacerla añicos, hace años elaboró el sedicioso y tolerado Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña.
Aquí los constitucionalistas parecen tener más miedo a hacer mención expresa de las penas con la que se castigan los delitos que los nacionalistas a la hora de perpetrarlos. Los separatistas deben temer -y para eso deben saber ya- lo que les espera a cada paso que den.
Llevamos años criticando a Rajoy por no supeditar la ayuda financiera a la administración autonómica catalana al inmediato cese de su proyecto de ruptura. Criticamos que el presidente del Gobierno no disuadiera a los separatistas mostrándoles abiertamente su disposición a suspender la autonomía. Criticamos que no se atreviera a mentar los tipos penales que castigan los delitos que los nacionalistas terminaron por consumar. Criticamos que no fuera él, sino el ya dimitido fiscal general del Estado, el que tomara la iniciativa de procesar a Mas por el delito de desobediencia. Pero ¿qué dice Rivera?
Pues, además de hacer suya la renuencia al articulo 155 de la Constitución, propone algo tan poco novedoso y estéril como plantear un recurso al Tribunal Constitucional, con la que esperanza de evitar que se debata la última resolución de los separatistas. Confía para ello en la doctrina señalada en su día por el expresidente del Alto Tribunal, Manuel Jiménez de Parga, de que la mesa de un parlamento no es un mero registro, sino "un órgano de Gobierno de la cámara".
La cuestión, sin embargo, radica en que confiar en que una disposición a desobedecer al Tribunal Constitucional vaya a ser paralizada por un nueva sentencia de ese mismo tribunal es tanto como confiar en parar a Herodes enarbolando la declaración de los derechos del niño.
Entiendáseme bien. No pretendo que nos saltemos ninguna fase ni menos aun desdeñar el derecho procesal. Lo que pido a nuestros representantes es que no se queden ahí, en los recursos, sino que informen ya de los siguientes pasos a dar en el probable caso que los nacionalistas desobedezcan, por cuarta vez, a nuestro alto tribunal.
Y ya que Rivera ha mentado al gran jurista que fue Jiménez de Parga, termino haciendo mio algo que él escribió hace dos años, pocos meses antes de morir.
En los últimos meses, se ha acentuado el clima caótico con declaraciones en Cataluña en las que se afirma que allí no se cumplirán determinadas leyes y determinadas sentencias. Acaso se olvide que la Constitución facilita la intervención del Gobierno central en el caso de incumplimiento de las normas constitucionales (art. 155 CE). Una de ellas es precisamente el cumplimiento de las sentencias (art. 118 CE), además del debido respeto a la ley (art. 10 CE). Al reto de los representantes de la Comunidad catalana no se está respondiendo, como debería hacerse, por las autoridades centrales del Estado. Primero, replicar con argumentos (que los hay) y luego recordar que en la Constitución figura el artículo 155. Nos encontramos ante una impasibilidad nefasta. El confusionismo aumenta.