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MISERIAS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

De votos y corruptos

Uno de los pilares básicos del movimiento del 15-M fue y sigue siendo la lucha contra la corrupción política. Los indignados se han manifestado y concentrado por toda España pidiendo, entre otras cosas, el fin de esta lacra. También han demandado una mayor transparencia de las administraciones públicas y una participación popular más destacada en las decisiones políticas, así como una fuerte defensa del sector público frente al privado, llegando en sus posiciones más radicales a pedir la nacionalización de algunos sectores económicos.

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Si bien muchas de las reivindicaciones del 15-M son más consecuencia de la ignorancia económica que de las acciones de los corruptos, no dejan de ser un reflejo de las demandas de una parte de la sociedad.

La corrupción y la política parecen quitar el sueño a los ciudadanos. Según los últimos barómetros del CIS, después del paro y los problemas económicos, las principales preocupaciones de los españoles son la clase política, los partidos, la corrupción y el fraude. El porcentaje de preocupación por la corrupción y el fraude se había duplicado entre diciembre de 2011 (6%) y enero (12,3%), pero en febrero experimentó un fuerte retroceso (8'6%). En todo caso, seguía siendo la cuarta causa de preocupación más citada.

En los últimos años, los casos de corrupción se han multiplicado como las setas después de un chubasco. Y cuando las encuestas indican que algo se percibe como un problema, los políticos se ponen nerviosos y hacen cosas. Muchas veces, a tontas y a locas.

A los casos más mediáticos, como Gürtel, los ERE falsos de Andalucía, las sospechosas actividades de la familia del expresidente andaluz y exministro Manuel Chaves, las oscuras actividades de José Bono o las no menos polémicas actividades del exministro José Blanco, así como las del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, hay que añadir otras con más tradición, como las falsas peonadas del PER, o más novedosas, como algunas primas que no debían ser cobradas en torno a las renovables o los típicos fraudes y corruptelas en torno a la construcción, las promociones inmobiliarias, las comisiones exageradas, los presupuestos que se disparan sobre las cifras iniciales, los aparentemente elevados sueldos de los políticos y sus privilegios, etc.

Mariano Rajoy tenía en su programa la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares. Pues bien, su Gobierno ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Transparencia, que pretende atajar el desmadre que percibimos. La citada ley permitirá a los ciudadanos acceder mejor a la información pública (aunque no a toda) o reclamar ante el silencio administrativo; también prevé limitar los regalos que pueden recibir los altos cargos de la Administración en condiciones ventajosas o que superen la cortesía, así como penar determinadas infracciones presupuestarias.

Lo primero que viene a mi cabeza es qué tipo de moral retorcida tienen nuestros dirigentes para que estas cosas, que deberían formar parte de su equipaje más básico, se tengan que poner en una ley. Si los políticos y los altos cargos de la Administración son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿estamos ante una sociedad enferma?

Me surge una duda: ¿realmente están los ciudadanos tan en contra de la corrupción, o de lo que están en contra es de que ésta beneficie a ciertos grupos que no son de su agrado? También es posible que cada persona tenga su propia percepción de la corrupción, y que lo que para unos es un caso flagrante para otros no lo sea tanto o no lo sea en absoluto. Sólo de esta manera se podría entender cómo es posible que una comunidad autónoma como la andaluza, donde los casos de corrupción económica y política surgen día sí, día también, vote con tanto ánimo a un partido como el PSOE, que ostenta el poder desde que en Andalucía se vota. Ni los excesos del PER ni los ERE ilegales ni la corrupción han desviado el voto socialista a otras opciones más moderadas de la izquierda, que las hay, como UPyD. ¿Tenemos en España una percepción tribal de la política?

Una última reflexión. Decía el clásico que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. El Estado de Bienestar, que ahora gustan llamar "Social", es un modelo político que, sistemáticamente, da muchísimo poder a los políticos, que dejan de ser meros gestores de asuntos públicos y se convierten en generadores de derechos positivos y, sobre todo, en defensores de los privilegios de algunos grupos influyentes o amparados por el Poder. ¿No puede ser que el propio sistema, un acumulador de poder, favorezca la corrupción, la apropiación de bienes públicos o el uso indebido de los mismos? ¿No podría ser que el propio sistema sea el corrupto y la corrupción, una mera consecuencia lógica de su proceder?

 

© Instituto Juan de Mariana 

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