La peculiar y compleja naturaleza de la Conferencia Episcopal, y su dinámica histórica ligada al desarrollo del Concilio Vaticano II en España, no ha facilitado en demasía una comprensión certera de la misma. Esta institución, contingente, que responde a un principio indiscutible del ministerio episcopal como es la colegialidad tiene una articulación histórica, y un ejercicio de esta articulación, que no ha sido siempre claro ni siempre clarificador para la conciencia cristiana y ciudadana. Ahora, los problemas de la relación de la Iglesia con el gobierno se han objetivado, al mismo tiempo que ha crecido su envergadura.
Con creciente intensidad ha aparecido, como por arte de magia periodística, la cuestión de los obispos y la política, de la Iglesia y la política. Hay quien, párvulo en teología y teologías, desde la tribuna periodística, se dedica a hacer eclesiología mientras exige a los obispos que no hagan política.
La confusión de planos y de actores es, la más de las veces, intencionada. Ni existe hoy un cardenal Tarancón, ni puede existir, ni, probablemente, es bueno que exista. La Iglesia gozó en España de buena prensa durante el período de la Transición. Ahora no ocurre así, quizá porque estamos en otra Transición no tan deliberadamente transparente como la primera, en donde interviene, más que el juego limpio, el afán de venganza y de revancha. De la Iglesia, en los sesenta y setenta, se esperaba compromiso directo en los procesos de democratización política y denuncia profética. Ahora se le pide que se circunscriba a un ejercicio interno de piedad y que no traspase los límites de lo políticamente correcto. Quizá no nos estemos dando cuenta que el mismo leit motiv con que los obispos realizan un juicio moral sobre el presente social de España, y proponen un criterio pre-político de fácil comprensión, movió al episcopado español en sus actuaciones durante la Transición. No hay más que leer el documento “Iglesia y comunidad política”, de 23 de enero de 1973.
Hans Maier escribía, en 1974, sobre la Iglesia en Alemania que, mutatis mutandi, nos sirve para la española: “Se aspiraba a disminuir la exigencia de presencia de las Iglesias en la vida pública, su poder. Pero en un mismo ictus se las retaba a estas Iglesias –a las que en pensamiento se las había convertido en Iglesias-comunidades “del pequeño rebaño”– a compromisos sociales y políticos de enorme envergadura”. Sigue existiendo en España mucha inseguridad interpretativa ante la naturaleza de la Iglesia y ante el papel de los obispos en la sociedad. Los tópicos del anticlericalismo y del clericalismo, de uno y otro signo, no son más que esquemas caducos de comprensión de algo que ni se entiende ni parece querer entenderse.
En no pocas ocasiones da la impresión de que aún no hemos salido del período de la Transición, máxime para los medios de comunicación que consideran que la voz de la Iglesia es la voz de la Conferencia Episcopal. Quizá esto ocurre porque el modelo de relaciones entre la Iglesia y la comunidad política en nuestro país continúa siendo el que se asentó en la Transición política y el que decidieron algunos destacados líderes de aquel momento. No son pocos los nostálgicos de aquella manera de entender la forma concreta de ejercicio de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política, que respondía a una configuración peculiar del ejercicio del ministerio episcopal y de un momento que demanda una actuación exigida por un inmediato pasado, que piden que vuelva aquellos años de la historia. Pero la historia es implacable, nunca regresa. Las personas, sí.
No hace mucho, el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, señalaba que “el primer servicio que la Iglesia católica debe prestar al pueblo y a la sociedad española hoy y de cara a su futuro es el de ser activamente fiel a su misión de anunciar, celebrar y servir la Evangelio, privada y públicamente; es decir, el de ser ella misma en el contexto de un dialogo respetuoso y abierto con toda la sociedad”. Ni más, ni menos.