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La pregunta equivocada

Sorprende ver el término "coerción" como un antes y un después en la relación del Gobierno central con la célula sublevada catalana.

Javier Somalo
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En demasiadas ocasiones nos preguntamos qué va a pasar sin pararnos a pensar en lo que ya ha pasado. Hablamos de un inminente choque de trenes desde el escenario mismo del siniestro, entre un amasijo de hierros y vagones volcados. ¿Alguien de veras está esperando un estallido institucional a cuenta de la rebeldía de la Generalidad de Cataluña? ¿Nos parece poco lo sucedido o es que hemos asimilado tanto la imagen de los tanques retumbando por la Diagonal que hasta que no la veamos no tomaremos conciencia del delito cometido. Sorprende ver el término "coerción" como un antes y un después en la relación del Gobierno central con la célula sublevada catalana.

El caso es justificar sin necesidad que, a lo peor, habrá que aplicar la Ley en última instancia aunque jamás se abandone la "voluntad de diálogo" con una parte de los ciudadanos de Cataluña. La otra, la que acepta la Ley y reclama su cumplimiento, siempre seguirá olvidada y abocada al éxodo cuando no al exilio, si es persona jurídica se dirá deslocalización, que suena menos dramático.

Casi todo lo que parece que puede pasar ya ha sucedido pero ahora interesa imaginar un desenlace próximo: "Ahora la Ley actúa", como se decía en los DVD para advertir de que copiar una película era como robar el bolso a una anciana o romper el cristal de una joyería para llevarse los 'pelucos'. Entonces, ¿antes no actuaba? No, en Cataluña sin lugar a dudas, todavía no. Desde el referéndum del 9-N –que era de broma– hasta la desobediencia pública de un Ayuntamiento –que fue un gesto, una performance– pasando por las decenas de instituciones y mecanismos creados y publicitados hace ya muchos años por la Generalidad para violar la ley, nada ha merecido coerción legal. ¿No requerían "medidas coercitivas" el boicot oficial a los productos sin ADN separatista, las sanciones a comercios por rotular en castellano, la ausencia de libertad para escolarizar, la violación flagrante y diaria del bilingüismo, la creación de agencias tributarias paralelas, las llamadas embajadas, la eterna violación presupuestaria y, en suma, las decenas de sentencias incumplidas con orgulloso y público anuncio de su incumplimiento? En todo esto el delito ha estado siempre sujeto a interpretación política.

Insiste el Gobierno últimamente en que esas "medidas coercitivas" se aplicarán "si fuera necesario y siempre con proporcionalidad", aclaración inoportuna pues es así como se aplica siempre la ley. Pero además, las medidas coercitivas ni son especiales ni están sometidas a razones de emergencia: son la única herramienta de las leyes, de todas: su consecuencia. Lo es una simple multa de tráfico. No hay nada especial en ellas aunque nos las quieran pintar como el último recurso, casi como un estado de excepción.

Sí, casi todo lo que puede pasar ya ha sucedido… pero todavía han de convencernos de que se puede evitar un mal mayor, el peor desenlace, la imagen de los tanques agrietando el pavimento de la Diagonal, la revuelta popular y el desorden social, justo ahora que tan bien nos va.

A riesgo de parecer "conspiranoico" –eso en LD ya se asumió con el 11-M mientras el resto de medios refríen a diario cloacas hediondas en primera página– me he concedido el derecho a pensar que al final de esta trocha trufada de documentos, juicios, escándalos, vídeos y audios de presunta última hora hay un cartel luminoso que dice: "Reforma Constitucional". Y claro, estará diseñada para aquello de dar encaje –de bolillos– a Cataluña en España, que más bien es viceversa. Quién sabe si al final hasta el referéndum de la discordia, bien envuelto por una legalidad a la carta, será el bálsamo de Fierabrás que nos hagan tragar con algo de azúcar.

¿La lección? Con el criminal se pacta; a la víctima se la olvida

La función de la guerra psicológica siempre ha consistido en crear un ambiente determinado entre la población previo a alguna acción planificada. Naturalmente, se ha practicado –con éxito o fracaso– en muchos momentos y en muchos países aunque sea difícil de reconocer, pues su principal coartada es el rechazo que producen las teorías de la conspiración entre la misma población que es sometida al bombardeo argumental presuntamente espontáneo. Mientras seguimos preguntándonos qué pasará olvidando lo que ya pasó yo iré guardando algún ejemplar de la Constitución del 78 en rústica y lo colocaré al lado de la de Cádiz. En la sección de libros históricos.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

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