El Mundo
publica hoy una prueba entre estudiantes de la ESO de 13 a 18 años cuyos resultados superan la afirmación del presidente del Gobierno cuando dijo que “hay jóvenes que no son capaces de escribir veinte líneas sin una falta de ortografía”. En una prueba de dictado realizada a 47 alumnos, sólo uno no cometió ninguna falta de ortografía. En cuanto a la Geografía, los resultados tampoco fueron alentadores. Sólo ocho estudiantes contestaron correctamente cuáles eran las capitales de Alemania, EEUU, Francia, Argentina, Bulgaria y China. Alguno, al parecer, llegó a responder que la capital de Francia era... ¡Londres!.
En su editorial, El Mundo toma nota de que el desconocimiento de la lengua no sólo se limita a los alumnos y a sus “representantes” del Sindicato de Estudiantes, alcanza también a los padres de la patria, tal y como el sábado puso de manifiesto esta organización al exhibir el orden del día del próximo Pleno del Congreso, donde se dice que “El grupo Mixo a pedido su acumulación”. Como bien dice este diario, “Ello demuestra que el desconocimiento de la lengua no es privativo de un colectivo, sino un problema generalizado en la sociedad española y arrastrado desde hace generaciones. Los actuales planes de estudio y la falta de controles académicos lo han agudizado”.
Asimismo, El Mundo también toma nota de una encuesta que publica en páginas interiores, donde un 67% considera que hay que reformar la LOGSE, un 60% cree que la calidad de la enseñanza es regular o mala y un 83% se declara partidario de que no se pase curso sin aprobar, aunque un 47% se declare contrario a la reválida. Sin embargo, tras la abundancia de medios y resultados desplegados por este diario, unas líneas más adelante, El Mundo cree imposibles de llevar a cabo las reformas del Gobierno si no es con más “inversión pública”. Es decir, acaba dando la razón a los logsistas , que achacan el fiasco a la “insuficiencia” de las dotaciones presupuestarias al sistema educativo, las cuales, paradójicamente, en los últimos veinte años han crecido de forma exponencial. Si un investigador poco avisado calculara la correlación entre las “inversiones públicas” en educación y los resultados académicos llegaría a la conclusión de que, cuanto más dinero se gasta, peor es la calidad de la educación.
Sin embargo, la cuestión no es cuánto dinero se emplea en la enseñanza. Como dice Pilar del Castillo, entrevistada también por El Mundo “Si un niño no crece en el esfuerzo, la escuela es un fraude para él”. Y para ello es necesario que el profesor recupere autoridad intelectual y moral sobre los alumnos. Aunque la ministra prevé también reformas en este sentido, no serán más que meros parches mientras no se elabore una nueva Ley Orgánica sobre educación que sustituya a los planteamientos de la LOGSE. Puesto que ya se cuenta de antemano con la ira de los estudiantes asilvestrados y manipulados por la red de intereses creados que el PSOE organizó en torno a la LOGSE, hubiera sido mucho más rentable plantear una reforma integral. La situación es tan grave que las medias tintas no debieran tener cabida, máxime cuando se conoce perfectamente cuál es el origen del mal: la LOGSE.
A este tenor, resulta curioso comprobar cómo El País , que no hace muchos años defendía una enseñanza pública, laica, no “autoritaria” e integradora, impartida por profesionales de la pedagogía y la educación como mejor garantía para el progreso del nivel cultural, le eche la culpa del fracaso a los padres por “la dejación de responsabilidades en la educación de los hijos”, a los inmigrantes y a “la falta de estímulo y de consideración de los profesores, verdaderos paganos del proceso”. Los padres, según este planteamiento, debían jugar el papel de convidados de piedra que alimentaran y vistieran a los niños para que los profesionales del asunto llenaran sus mentes de espíritu crítico ante todo afán de superación y de competitividad. Y los profesores suprimir cualquier tic que pudiera considerarse como “autoritario” o que menoscabase la dignidad del alumno. No es de extrañar que, con estas premisas, hayamos llegado a la situación actual.
Sin embargo, El País sigue agitando el espantajo demagógico del “regalo de notas” en los centros privados con ocasión de la reválida: “algún tipo de supervisión pública externa a los centros parece necesaria, habida cuenta de la fuerte presencia de un sector privado y la evidencia de que puede haber centros que sobrecalifiquen a sus alumnos para atraer clientes , en detrimento de los públicos o privados más rigurosos”. A este tenor ya existía la Selectividad. Quizá hubiera sido suficiente —como apunta El País — con reformular esta prueba, adecuándola a sus verdaderos objetivos, en lugar de suprimirla, sustituyéndola por el doble trámite de la reválida y el examen de acceso. Pero hay que tener en cuenta que, de prueba de madurez para el ingreso en la Universidad, la Selectividad pasó a ser —en manos del PSOE, siempre tan sensible a las presiones de las organizaciones estudiantiles y a la demagogia socioeconómica— un mero trámite para acceder a la enseñanza superior (aprobaba un 98% de los alumnos). Los resultados que ofrecen las encuestas de El Mundo , en ningún caso justifican que acceda al grado universitario la práctica totalidad de los estudiantes de Bachillerato.
ABC dedica editorial a una de las consecuencias colaterales de la grave situación en que se encuentra la educación en España: el botellón , es decir, el consumo masivo de alcohol en la calle por parte de los jóvenes. Señala este diario que el 58% de los adolescentes entre 14 y 18 años consume habitualmente alcohol como forma de diversión. Para ABC , “la responsabilidad es general, pues afecta al sistema de valores de la sociedad. Este es uno de los frutos podridos de la permisividad y de la crisis de valores”. Asimismo, advierte ABC de que la cuota de responsabilidad de los padres y de los educadores “no es pequeña”, y que la ley que prepara el Gobierno para combatir estas prácticas “no podrá ser enteramente eficaz, si no se combina con medidas preventivas en el ámbito educativo y de la formación en torno a los valores”.
Es preciso dar la razón a ABC en sus planteamientos, aunque también hay que señalar que esa cultura de la permisividad, de la irresponsabilidad y de la alergia a cualquier principio de autoridad por justificado que esté, ha sido alentada por políticos, intelectuales y medios de comunicación, quienes tenían la responsabilidad moral de fomentar entre la opinión pública esos valores que hacen posible una sociedad próspera y civilizada —la responsabilidad, el honor, la dignidad, el esfuerzo, la competitividad y el respeto por la autoridad legítima— identificándolos erróneamente —algunos por error, otros por mala fe— con los contenidos inherentes a los regímenes autoritarios.
No es fácil para los padres ejercer su autoridad cuando en las escuelas y los institutos se les enseña a sus hijos que cualquier decisión que no haya sido adoptada democráticamente —independientemente de la materia o el ámbito en que se tome— es dictatorial y, por lo tanto, rechazable.
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En su editorial, El Mundo toma nota de que el desconocimiento de la lengua no sólo se limita a los alumnos y a sus “representantes” del Sindicato de Estudiantes, alcanza también a los padres de la patria, tal y como el sábado puso de manifiesto esta organización al exhibir el orden del día del próximo Pleno del Congreso, donde se dice que “El grupo Mixo a pedido su acumulación”. Como bien dice este diario, “Ello demuestra que el desconocimiento de la lengua no es privativo de un colectivo, sino un problema generalizado en la sociedad española y arrastrado desde hace generaciones. Los actuales planes de estudio y la falta de controles académicos lo han agudizado”.
Asimismo, El Mundo también toma nota de una encuesta que publica en páginas interiores, donde un 67% considera que hay que reformar la LOGSE, un 60% cree que la calidad de la enseñanza es regular o mala y un 83% se declara partidario de que no se pase curso sin aprobar, aunque un 47% se declare contrario a la reválida. Sin embargo, tras la abundancia de medios y resultados desplegados por este diario, unas líneas más adelante, El Mundo cree imposibles de llevar a cabo las reformas del Gobierno si no es con más “inversión pública”. Es decir, acaba dando la razón a los logsistas , que achacan el fiasco a la “insuficiencia” de las dotaciones presupuestarias al sistema educativo, las cuales, paradójicamente, en los últimos veinte años han crecido de forma exponencial. Si un investigador poco avisado calculara la correlación entre las “inversiones públicas” en educación y los resultados académicos llegaría a la conclusión de que, cuanto más dinero se gasta, peor es la calidad de la educación.
Sin embargo, la cuestión no es cuánto dinero se emplea en la enseñanza. Como dice Pilar del Castillo, entrevistada también por El Mundo “Si un niño no crece en el esfuerzo, la escuela es un fraude para él”. Y para ello es necesario que el profesor recupere autoridad intelectual y moral sobre los alumnos. Aunque la ministra prevé también reformas en este sentido, no serán más que meros parches mientras no se elabore una nueva Ley Orgánica sobre educación que sustituya a los planteamientos de la LOGSE. Puesto que ya se cuenta de antemano con la ira de los estudiantes asilvestrados y manipulados por la red de intereses creados que el PSOE organizó en torno a la LOGSE, hubiera sido mucho más rentable plantear una reforma integral. La situación es tan grave que las medias tintas no debieran tener cabida, máxime cuando se conoce perfectamente cuál es el origen del mal: la LOGSE.
A este tenor, resulta curioso comprobar cómo El País , que no hace muchos años defendía una enseñanza pública, laica, no “autoritaria” e integradora, impartida por profesionales de la pedagogía y la educación como mejor garantía para el progreso del nivel cultural, le eche la culpa del fracaso a los padres por “la dejación de responsabilidades en la educación de los hijos”, a los inmigrantes y a “la falta de estímulo y de consideración de los profesores, verdaderos paganos del proceso”. Los padres, según este planteamiento, debían jugar el papel de convidados de piedra que alimentaran y vistieran a los niños para que los profesionales del asunto llenaran sus mentes de espíritu crítico ante todo afán de superación y de competitividad. Y los profesores suprimir cualquier tic que pudiera considerarse como “autoritario” o que menoscabase la dignidad del alumno. No es de extrañar que, con estas premisas, hayamos llegado a la situación actual.
Sin embargo, El País sigue agitando el espantajo demagógico del “regalo de notas” en los centros privados con ocasión de la reválida: “algún tipo de supervisión pública externa a los centros parece necesaria, habida cuenta de la fuerte presencia de un sector privado y la evidencia de que puede haber centros que sobrecalifiquen a sus alumnos para atraer clientes , en detrimento de los públicos o privados más rigurosos”. A este tenor ya existía la Selectividad. Quizá hubiera sido suficiente —como apunta El País — con reformular esta prueba, adecuándola a sus verdaderos objetivos, en lugar de suprimirla, sustituyéndola por el doble trámite de la reválida y el examen de acceso. Pero hay que tener en cuenta que, de prueba de madurez para el ingreso en la Universidad, la Selectividad pasó a ser —en manos del PSOE, siempre tan sensible a las presiones de las organizaciones estudiantiles y a la demagogia socioeconómica— un mero trámite para acceder a la enseñanza superior (aprobaba un 98% de los alumnos). Los resultados que ofrecen las encuestas de El Mundo , en ningún caso justifican que acceda al grado universitario la práctica totalidad de los estudiantes de Bachillerato.
ABC dedica editorial a una de las consecuencias colaterales de la grave situación en que se encuentra la educación en España: el botellón , es decir, el consumo masivo de alcohol en la calle por parte de los jóvenes. Señala este diario que el 58% de los adolescentes entre 14 y 18 años consume habitualmente alcohol como forma de diversión. Para ABC , “la responsabilidad es general, pues afecta al sistema de valores de la sociedad. Este es uno de los frutos podridos de la permisividad y de la crisis de valores”. Asimismo, advierte ABC de que la cuota de responsabilidad de los padres y de los educadores “no es pequeña”, y que la ley que prepara el Gobierno para combatir estas prácticas “no podrá ser enteramente eficaz, si no se combina con medidas preventivas en el ámbito educativo y de la formación en torno a los valores”.
Es preciso dar la razón a ABC en sus planteamientos, aunque también hay que señalar que esa cultura de la permisividad, de la irresponsabilidad y de la alergia a cualquier principio de autoridad por justificado que esté, ha sido alentada por políticos, intelectuales y medios de comunicación, quienes tenían la responsabilidad moral de fomentar entre la opinión pública esos valores que hacen posible una sociedad próspera y civilizada —la responsabilidad, el honor, la dignidad, el esfuerzo, la competitividad y el respeto por la autoridad legítima— identificándolos erróneamente —algunos por error, otros por mala fe— con los contenidos inherentes a los regímenes autoritarios.
No es fácil para los padres ejercer su autoridad cuando en las escuelas y los institutos se les enseña a sus hijos que cualquier decisión que no haya sido adoptada democráticamente —independientemente de la materia o el ámbito en que se tome— es dictatorial y, por lo tanto, rechazable.
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