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Jesús Laínz

Han caído dos mitos

Los dos mitos que han caído con ello han sido la grandeza de Juan Carlos I y la bondad de la Transición.

Jesús Laínz
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Los dos mitos que han caído con ello han sido la grandeza de Juan Carlos I y la bondad de la Transición.
Juan Carlos I, en una imagen de archivo | EFE

En este malhadado 2020 del virus respiratorio y la peste monclovita, sólo nos faltaba la guinda: la crisis de Estado provocada por el aireamiento de las andanzas erótico-dinerarias del rey emérito, secreto a voces desde hace muchos años y oportunamente destapado durante el Gobierno socialcomunista. Porque los dos mitos que han caído con ello han sido la grandeza de Juan Carlos I y la bondad de la Transición.

Respecto al viejo rey, su mítica grandeza descansa, sobre todo, en haber devuelto la democracia a España y haber impedido el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En principio, esto último parece lo más inatacable, a pesar de algunas dudas que siguen sin ser aclaradas y que probablemente nunca se aclararán. Pero lo primero es más discutible: los que pusieron a España en el camino hacia un régimen democrático fueron Franco y sus ministros, convencidos ya desde treinta años antes de su muerte de que a España no le cabía otra opción que regresar a un sistema democrático como los de los demás países occidentales. En concreto desde 1943, cuando la batalla de Stalingrado evidenció que los que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial eran los aliados. El freno y marcha atrás de la División Azul fue el primer paso hacia la reinstauración de la democracia. Juan Carlos I y Adolfo Suárez se limitaron a consolidar un proceso de democratización abierto mucho antes por el propio régimen franquista. Basta echar un vistazo a lo que Franco explicó a Vernon Walters, enviado de Nixon, sobre la democracia que llegaría a España cuando él faltase.

Respecto a la transición de la dictadura a la democracia, sigue siendo idolatrada como lo mejor que le pudo pasar a España en aquel entonces, sobre todo debido a una Constitución que debe ser reverenciada por sus éxitos. Y aquí está el error, pues de aquella transición y de aquella Constitución derivan los males actuales de España, empezando por la delicada situación de la propia Monarquía.

Olvidémonos hoy del bendito Título VIII y de todas las maravillas que de él han derivado, empezando por la utilización totalitaria de las competencias autonómicas para dinamitar el Estado desde dentro. Y que les pregunten a los casi novecientos asesinados por ETA y a sus miles de familiares lo estupenda que fue aquella transición.

Porque hoy toca centrarnos en la Monarquía y en la persona de Juan Carlos I, designado para la Jefatura del Estado por Francisco Franco, lo que debe tenerse muy presente. Pues su legitimidad no arranca de ninguna cadena dinástica, interrumpida y desterrada en 1931, sino de la voluntad del vencedor de la Guerra Civil, que volvió a constituir España como reino pudiendo haberla constituido como república nacional-sindicalista o como le hubiera dado la gana; que pudo haber elegido a otro miembro de otras ramas de la familia Borbón; o que pudo haber dejado el poder en manos de cualquier otra persona en calidad de regente, pasándole así la patata caliente de elegir sucesor a su vez. En resumen: la legitimidad del ascenso de Juan Carlos I al Trono de España arrancó, nos guste o no, del 18 de julio de 1936, como reconoció al jurar su cargo de sucesor en 1969:

Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como sucesor a título de Rey, lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936.

Hay que recordar esto porque Juan Carlos I cometió el grave error de no pronunciar ni sílaba contra la paulatina demolición de su propia legitimidad mediante la declaración condenatoria del 18 de julio aprobada por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2002, gobernando José María Aznar, la subsiguiente Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, y el acelerón guerracivilista del actual Gobierno socialcomunista. Las proclamaciones parlamentarias y las leyes tienen consecuencias de largo alcance, tanto jurídicas como políticas. Mientras que la pusilánime y analfabeta derecha nunca se ha enterado de nada, la izquierda lo ha tenido siempre presente, y la ruptura que no pudo conseguir en las elecciones de 1977 y 1979, debido a la victoria de la postfranquista UCD, la acaricia ahora tras cuarenta años de paciente labor de zapa.

Paralelamente, Juan Carlos I no comprendió la fragilidad de una dinastía que, a diferencia de otras europeas muy asentadas, lleva dos siglos sobreviviendo a duras penas entre numerosas guerras dinásticas, revoluciones, exilios, atentados, restauraciones y repúblicas. Por eso debió haber sido siempre impecable tanto en el fondo como en las formas. Pero con su plebeyo campechanismo, sus malos modales –como el grito tabernario a Chávez, tan celebrado en su momento y que, como contraste, dejó a Zapatero como un caballero–, sus peripecias falderas y sus chanchullos comisionistas, lo que ha conseguido es que sean muy pocos los españoles, tanto entre sus muy mimados enemigos como entre sus muy despreciados partidarios, que le tomen en serio a él y, lamentablemente, a la Monarquía.

Porque lo más grave de todo es que el principal perjudicado no es él, sino su hijo Felipe VI, hombre digno y rey de impecable trayectoria institucional que hoy ve su Trono cuestionado por los errores y vicios de su padre. Por no hablar de la lamentable inestabilidad de todo un país al que, aparte de su difícil situación económica y del eterno sabotaje separatista, ahora le toca soportar también que se agriete hasta la forma de Estado. Y los españolitos no podemos refugiarnos de este caos en un palacio con grifería de oro ni en una mansión en el Caribe.

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